Un tribunal de enjuiciamiento condenó a 5 años de prisión al General José Antonio Ramos Arévalo, ex director General de Servicios Aéreos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), por registrar hechos falsos para adquirir con sobrecosto un helicóptero Eurocopter EC-145 por el que se pagó 7.6 millones de dólares.
Patricia Sánchez Nava, Jueza de control federal del Reclusorio Oriente, en calidad de tribunal de enjuiciamiento, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditó que el militar es culpable del delito de falsificación de documento agravado.
Esta aeronave fue usada en el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Lo relevante del fallo es que Sánchez le negó a Ramos los sustitutivos de la pena de prisión o el beneficio de la condena condicional, razón por la que, en caso de que la condena sea confirmada en última instancia, Ramos tendrá que internarse voluntariamente en prisión o será perseguido.
De acuerdo con el fallo, también lo condenaron al pago de una multa de 16 mil 190 pesos, que puede sustituirla con 250 jornadas de trabajo no remuneradas en favor de la comunidad, siempre y cuando demuestre su insolvencia económica. Además, le impusieron la suspensión de sus derechos políticos y civiles.
La Juzgadora concluyó que, más allá de toda duda razonable, se acreditó que en la adquisición del Eurocopter EC-145 la entonces PGR sufrió un perjuicio de 1 millón 976 mil 320 dólares, ya que ese fue el sobrecosto pagado.
Aunque condenó al General a pagar la reparación del daño, la Juez precisó que el monto no podía ser el del sobreprecio y que más bien deberá cuantificarse en la etapa de ejecución de sentencia con base en la condición económica del ex funcionario.
Ramos ya impugnó el fallo, por lo que será un tribunal de apelación el que resuelva en segunda instancia si confirma, revoca o modifica el castigo.
De acuerdo con la sentencia, el 30 de octubre de 2013 la PGR compró en 7 millones 600 mil dólares el Eurocopter EC-145, aunque en ese momento su precio era de 5 millones 623 mil 680 dólares, razón por la que se pagó un sobrecosto de 1 millón 976 mil 320 dólares.
La FGR atribuyó al General una serie de irregularidades para adquirir la aeronave a un costo mayor.
El 17 de octubre de 2013, el entonces director de Servicios Aéreos de la PGR justificó por escrito la excepción para comprar sin un procedimiento de licitación pública el helicóptero, fabricado el mismo año.
A esta justificación, agregó un anexo técnico en el que comparaba las características y costos de tres aeronaves similares: un Bell 429, un Augusta AW109S y la que sería adquirida, con base en una guía de precios denominada Aircraft Bluebook, en sus versiones otoño-invierno de 2013.
Según la sentencia, aquí es donde Ramos asentó diversos hechos falsos, pues indicó que el Eurocopter nuevo costaba 7 millones 600 mil dólares, según la mencionada guía, sin embargo, dicha fuente de información no consignaba ningún precio.
El Aircraft Bluebook sí registraba el precio de 6 millones 600 mil dólares para un helicóptero usado del mismo modelo y de 5 millones 858 mil dólares como punto de arranque para iniciar una negociación.
De acuerdo con la FGR, en esa guía tampoco estaban los helicópteros Bell 429 y Augusta AW109S, motivo por el que tampoco podían provenir de esa publicación los precios que citó el General.
Este es un caso en el que el General y Gustavo Armando Kanan Brito, ex director de Recursos Materiales de la PGR, también fueron procesados por uso ilícito de atribuciones y facultades, sin embargo, ese delito fue declarado prescrito por un tribunal de alzada.
Kanan sólo fue imputado por ese ilícito y por ello, al ganar la apelación, su proceso quedó cancelado. No fue así para Ramos Arévalo, que continuó su procedimiento por falsificación de documento agravado hasta llegar a una sentencia condenatoria.
LIBRA MANDO OTRO PROCESO POR COMPRA FRAUDULENTA
El 14 de julio de 2024, el General José Antonio Ramos Arévalo, ex director General de Servicios Aéreos de la PGR, fue absuelto en otro juicio por la compra supuestamente indebida y fraudulenta de 4 aviones no tripulados y 3 drones de largo alcance que tuvieron un costo de 41.4 millones de dólares.
La entonces Juez de control federal en el Reclusorio, Alejandra Domínguez Santos, absolvió al militar de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, fraude equiparado y falsificación de documento agravado.
Por ese caso, el Gobierno Federal anunció que denunciaría a la Juzgadora, quien dejó el cargo en septiembre pasado, con los relevos de la elección judicial.
“La Fiscalía General de la República interpondrá un recurso de apelación contra esta determinación y procederá penalmente contra la Jueza por delitos contra la administración de justicia”, dijo Luis Rodríguez Bucio, entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
A través de dos contratos, estos equipos fueron vendidos a la entonces Procuraduría General de la República por Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., una de las intermediarias en México del software espía Pegasus, también adquirido por la FGR.
En el primero, fechado el 27 de diciembre de 2013, la PGR compró dos aviones no tripulados Dominator XP, con sistema de detección de cámaras y tres kits de drones RQ-170 Sentinel de largo alcance, con cámara de día e infrarrojo, por un monto de 30 millones 693 mil 600 dólares, equivalentes al momento de los hechos, a 427 millones 46 mil 95.52 pesos.
El segundo fue firmado el 15 de diciembre de 2015 para adquirir dos aeronaves no tripuladas Aerostar, con sistema de detección de cámaras y sistema de control en tierra, a un costo de 10 millones 730 mil dólares, que al tipo de cambio de la época eran 187 millones 775 mil pesos.
En total, la PGR desembolsó por los dos contratos 41 millones 423 mil 600 dólares, que equivalen a 614 millones 821 mil 65.52 pesos.
Con información del diario REFORMA.
