Punto de Vista
* Cuitláhuac: el saqueo a Salud
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Un nuevo crimen se registró en Poza Rica, municipio que -según la gobernadora Rocío Nahle- recibe una especial atención en materia de seguridad, debido a los conflictos armados que sostienen al menos dos organizaciones criminales. *** A Poza Rica han acudido elementos del Ejército Mexicano, de la Marina y de la Guardia Nacional. Permanecen en la zona unas cuantas semanas, hacen recorridos “de persuasión” y se retiran sin solucionar el problema de fondo. *** El ataque en esta ocasión fue a plena luz del día, a las 11 de la mañana, en el centro de la ciudad. Édgar Luis García Espinoza, de 38 años, inspector de comercio en el ayuntamiento recorría la zona comercial cuando sin previo aviso fue atacado a balazos por al menos dos sujetos, que se dieron a la fuga sin que nadie hiciera algo por detenerlos. *** De inmediato salieron plumas al servicio del gobierno para satanizar a la víctima y sugerir que lo que le sucedió “se lo merecía”. Nadie con un poco de humanidad puede justificar un ataque como ese. *** No podemos pasar por alto que, durante la pasada administración municipal, a cargo de Fernando Remes, fueron varios los “levantones” de servidores públicos y las amenazas contra personal del ayuntamiento eran algo cotidiano. *** ¿Será que las cosas van a seguir igual?
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En mayo del 2025 la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, anunció que la Contraloría General del Estado habíapresentado una denuncia por un posible daño patrimonial de mil 600 millones de pesos en el Sector Salud, que señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de la revisión a la cuenta pública 2023.
En aquella ocasión la gobernadora confirmó que se llamaríaa cuentas a los exsecretarios de salud y a los exfuncionarios que realizaron contrataciones señaladas con desvíos millonarios.
La ASF dio a conocer en aquella ocasión que durante el gobierno de Cuitláhuac García, los Servicios de Salud de Veracruz registraron desvíos mediante un esquema recurrente: contratos por adjudicación directa, otorgados a empresas de reciente creación y proveedores vinculados a casos de corrupción.
El propio órgano fiscalizador ordenó iniciar 24 investigaciones contra funcionarios de la dependencia, por irregularidades en contratos sin justificación comprobable, los cuales tienen que ver con subrogación de equipo médico, contratación de servicio de limpieza, de fletes y de comida.
Detrás de todas esas operaciones financieras estuvo, siempre, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, director administrativo de la dependencia y hombre de gran cercanía con Cuitláhuac García y con el primo del gobernador y subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez.
En el sexenio de Cuitláhuac García tres personas ocuparon la titularidad de
la Secretaría de Salud: Roberto Ramos Alor, quien renunció en 2022 y ahora es el director del IMSS Bienestar Veracruz; Gerardo Díaz Morales asumió el cargo, pero falleció en agosto del 2023, a los pocos meses de estar al frente de esa dependencia. Lo sustituyó Guadalupe Díaz del Castillo Flores, quien, a pocos meses de su salida, en abril del 2025, asumió la subdelegación médica del ISSSTE en Veracruz y en julio del mismo año tramitó un amparo contra una eventual orden de aprehensión.
Con todos ellos, Jorge Eduardo Sisniega se mantuvo al frente de la Dirección de Administración.
Esta semana la Auditoría Superior de la Federación (ASF)dio a conocer su informe de la revisión de las cuentas públicas del 2024 y el gobierno de Veracruz (en el último año de Cuitláhuac García) presentó señalamientos depresunto daño patrimonial por mil 896 millones de pesos. Una vez más, el sector en el que se detectaron más irregularidades fue el de Salud, donde la ASF hizoobservaciones por más de 1,078 millones de pesos, producto de transferencias a cuentas adicionales donde se mezclaron diversas fuentes de financiamiento; recursos que posteriormente fueron utilizados para cubrir servicios personales y gastos de operación sin la debida trazabilidad, además de contratos pagados sin evidencia de que los bienes y servicios fueron entregados conforme a lo pactado.
La denuncia que, según la gobernadora Rocío Nahle, fuepresentada el año pasado por el desvío de 1,600 millones de pesos, aún no muestra resultados. Los mismos servidores públicos involucrados en aquel peculado, serían los responsables del daño patrimonial en la cuenta pública del 2024, con lo que los recursos desviados, tan sólo de esos dos años, sería superior a los 2,600 millones de pesos.
Como bien lo plasma el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell: “Gobernar requiere seriedad, compromiso y la inequívoca convicción de que se gobierna para todos, no solo para quienes votaron por ti. Algo que a algunas autoridades electas se les olvida. La sociedad está cansada de la división impuesta, del lenguaje que etiqueta y del discurso que separa”.
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Epílogo.
Y a propósito de la rendición de cuentas, la actual titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, “filtró” a la prensa comentarios acerca del informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2024 y el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (organismo que ella presidió hasta el año pasado) no tuvo observaciones que permitieran presumir algún daño patrimonial. *** Es una buena noticia, pero tendría que ser lo más normal, toda vez que llegaron a esos cargos públicos comprometiéndose a “cumplir y hacer cumplir” las leyes. *** Será interesante ver cómo se comporta en la tarea de solventación de las observaciones que le hicieron a la Fiscalía que hoy encabeza. *** En la cuenta pública 2024, cuando la FGE estaba a cargo de Verónica Hernández, el órgano fiscalizador detectó irregularidades que permiten presumir un daño patrimonial superior a 35.3 millones de pesos. *** En las auditorías se señalan consumos de gasolina en casi todo el país, la probable simulación en la compra de 251 impresoras, el uso de patrullas para fines administrativos y una nómina integrada por peritos y policías sin perfil profesional. *** No olvidemos que fue uno de esos peritos el que determinó que la maestra Irma Hernández, secuestrada y torturada por una organización criminal, “murió de un infarto”. Poco después se supo que ese perito, José Eduardo Marquez Nava, tenía cédula profesional como médico cirujano, sin preparación alguna en materia forense. *** Ahora se verá si la nueva fiscal general llegó con la determinación de poner orden en ese órgano supuestamente autónomo.
