Una investigación difundida este 19 de febrero de 2026 señala que una red de empresas vinculada al senador Adán Augusto López Hernández obtuvo contratos públicos por 3 mil 500 millones de pesos con gobiernos estatales emanados de Morena, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el uso de recursos destinados a programas sociales y adquisiciones.
De acuerdo con el reportaje, diversas administraciones estatales gobernadas por Morena —entre ellas Tabasco, Campeche, Hidalgo y Chiapas— otorgaron durante 2025 alrededor de mil 700 millones de pesos a empresas que han operado bajo el amparo o cercanía del legislador. Estos contratos se suman a mil 800 millones de pesos adjudicados en 2023 y 2024, principalmente para la compra de alimentos, despensas y suministros destinados a programas sociales.
Entre los nombres que aparecen en la documentación se encuentra Hugo Miguel Vignola Palma, identificado como socio de López Hernández en la Corporación Inmobiliaria Villahermosa. Asimismo, se menciona a un amigo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a un sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, relacionados con la recepción de contratos.
La investigación señala que, pese a la pérdida de influencia política que habría enfrentado López Hernández en el último año, especialmente tras dejar la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, las empresas de su entorno continuaron acumulando contratos públicos con recursos destinados a atender poblaciones vulnerables.
El reportaje también expone que los recursos no sólo se destinaron a programas de asistencia alimentaria, sino a bienes y servicios cuya ejecución depende de adjudicaciones directas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la concurrencia competitiva y la transparencia en los procesos.
Organismos civiles y especialistas en transparencia han solicitado que se aclare cómo se otorgaron estos contratos y si existieron procesos competitivos o criterios técnicos que respaldaran las adjudicaciones.
La difusión de la investigación ha reavivado el debate sobre el manejo de recursos públicos en programas sociales en entidades gobernadas por el partido en el poder. El reportaje denomina esta estructura como el “negocio de la pobreza”, en referencia a la obtención de contratos para programas dirigidos a sectores vulnerables por parte de empresas vinculadas a figuras políticas.
Con información de Latinus.
