Una organización de ciudadanos y activistas abrió un proceso de queja contra el diputado federal Sergio Mayer, tras su participación en el programa de telerrealidad La Casa de los Famosos, transmitido por Telemundo.
La denuncia sostiene que, aunque el legislador solicitó licencia para ausentarse de sus funciones en la Cámara de Diputados y competir en el programa, su exposición mediática podría haber generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus responsabilidades como representante popular.
Argumentos de la queja
De acuerdo con el recurso presentado ante las autoridades competentes, la ausencia prolongada del diputado, aun cuando fue autorizada conforme a la normativa, habría impactado en la percepción pública sobre su compromiso legislativo. Los promoventes consideran que la participación en un reality show podría contravenir el espíritu de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso y otras disposiciones que regulan el actuar de los servidores públicos federales.
El procedimiento busca determinar si existió alguna falta administrativa o violación a deberes constitucionales, particularmente en lo relativo a la representación efectiva de sus electores.
Debate público y posible alcance
En redes sociales se generaron posturas divididas. Mientras algunos usuarios defendieron el derecho del legislador a participar en actividades mediáticas durante su licencia, otros señalaron que este tipo de decisiones podrían debilitar la credibilidad de la función legislativa y sentar precedentes cuestionables.
En caso de que las autoridades resolvieran que hubo infracción administrativa, las sanciones podrían ir desde una amonestación hasta una eventual inhabilitación temporal, dependiendo de la gravedad de los hechos y de las pruebas recabadas.
Hasta el momento, el diputado no ha emitido un posicionamiento oficial respecto al proceso; no obstante, representantes cercanos han indicado previamente que la licencia fue solicitada y autorizada conforme a la ley por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El caso ha reavivado el debate sobre la relación entre política y entretenimiento, así como los límites del uso de la licencia legislativa cuando se combina con actividades de alta exposición pública.
