Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa presidencial para acotar las llamadas “pensiones doradas” que actualmente reciben 6 mil 297 ex burócratas, estableciendo que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar el 50 por ciento del salario de la Presidenta de la República.
La reforma fija como tope aproximadamente 70 mil pesos mensuales, lo que, según estimaciones oficiales, podría generar un ahorro cercano a los cinco mil millones de pesos para las finanzas públicas.
Durante la discusión del dictamen, el senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, afirmó que el Senado actuó con responsabilidad para defender el interés público.
“Estamos convencidos de que cuando se trata de defender el interés público y fortalecer la justicia en el uso de los recursos de la Nación, este Senado demuestra que está a la altura del pueblo de México”, señaló.
El legislador explicó que la reforma busca ordenar el sistema de jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos, sin eliminar el derecho a un retiro digno para los trabajadores.
“No se trata de eliminar pensiones, se trata de garantizar el derecho de las personas trabajadoras a un retiro digno y evitar jubilaciones desproporcionadas financiadas con recursos del pueblo de México”, sostuvo.
Por su parte, el senador Saúl Monreal afirmó que con esta medida se elimina “de tajo” el sistema de privilegios que, dijo, caracterizó a gobiernos del pasado.
Sin embargo, legisladores de oposición cuestionaron que la reforma no incluya a las Fuerzas Armadas ni al Poder Judicial, lo que consideraron una excepción injustificada.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, señaló que si la reforma busca terminar con privilegios, debería aplicarse de manera general.
“¿Por qué los derechos de su seguridad social sí están protegidos y no los de los demás? Si la razón vale para unos, debería valer para todos”, expresó.
En la misma línea, el senador del PAN Francisco Ramírez Acuña planteó que la medida debería extenderse a organismos públicos, universidades y otras instituciones gubernamentales, donde también existen beneficios considerados excesivos.
Por su parte, la senadora del PRI Carolina Viggiano cuestionó que la reforma no incluya a ministros de la Suprema Corte, sindicatos u otras áreas del gobierno, al considerar que existe un cálculo político y electoral detrás de las exclusiones.
La legisladora también señaló que la reforma no afectará las pensiones de ex ministros como Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar, quienes actualmente perciben ingresos adicionales por sus cargos públicos.
Con información de Reforma.
