Este 2026 se cumplen 30 años de la absolución del músico Laureano Brizuela tras ser acusado por el Estado mexicano de “fraude fiscal”, y tras sentencias en su favor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la búsqueda de justicia por el daño que se le causó, el compositor y cantante de origen argentino denuncia la negativa del gobierno mexicano para pagarle mil 600 millones de pesos (poco más de 84 millones de dólares al tipo de cambio actual), en compensación.
También conocido como “El Ángel del Rock”, Brizuela publicó en 2006 su relato sobre la detención (1989) y encarcelamiento (1990) que padeció durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, así como su posterior absolución (1996).
Bajo el título Infamia del poder en México. Mi crónica del terrorismo fiscal, sus víctimas, sus tácticas y sus inquisidores (Grijalbo), el artista sudamericano habla del presunto fraude por el que fue perseguido por Francisco Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), funcionario que a la postre fue titular de esta institución gubernamental en el gobierno del panista Vicente Fox.
En entrevista con la revista Proceso (número 1552), Brizuela relató cómo, aunque absuelto, no se le devolvió el dinero que el gobierno mexicano le “robó”, ni mucho menos el daño moral, económico y profesional causado.
En casi 300 páginas el músico narró toda la experiencia, el desgaste, y los nombres que rodearon su caso: desde Emilio Azcárraga Milmo, Alejandro Burillo, Raúl Velasco (tanto el padre como el hijo), Guillermo Cañedo, Florentino Ventura, Javier Coello Trejo, Guillermo González Calderoni, Carlos Salinas de Gortari, Fernando Gutiérrez Barrios, Guillermo Hamdan, hasta los capos Juan García Abrego, Félix Gallardo, Don Neto y Rafael Caro Quintero, que de una u otra manera fueron testigos o figuras del acoso al que lo sometió Hacienda.
Todo ello a raíz de que Raúl Velasco junior, quien fuera su representante y cabeza de Producciones Vela, le llevara la contabilidad, pero sin declarar impuestos ni cumplir con el pago a personal involucrado en sus actividades artísticas… a Velasco hijo, según su relató, lo “salvó” el padre, y a él lo dejaron para enfrentar la mano de hierro fiscal, judicial y política.
Tras su absolución en los noventa, Brizuela (Salta, Argentina, 1949) demandó a la Secretaría de Hacienda en un caso que duró nueve años sin que sucediera nada.
Luego, en 2018, en un texto titulado “Fin a la guerra sucia contra Laureano Brizuela” (Proceso, 2176), el cantante y compositor recordó que siguió la búsqueda de la justicia llevando su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
En el informe de admisibilidad de la CIDH (con fecha del 25 de julio de 2014 y número 64/14, Petición 806-06), Brizuela denunció al Estado mexicano como el responsable de la violación de derechos consagrados en los artículos: 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad), 10 (derecho de indemnización por condena errada), 11 (protección de la honra y dignidad), 14 (derecho de rectificación y respuesta), 21 (derecho de propiedad) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión declaró admisibles los artículos 5, 7, 8, 9, 11, 21 y 25.
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Eso se puede revisar en la web de la OEA: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2014/mxad806-06es.pdf.
Además, existe un Informe de Fondo de la CIDH del Caso Laureano Brizuela contra el Estado mexicano #12.967, publicado el 27 de noviembre de 2019.
Hoy, a siete años de distancia de ese último suceso dijo desde las oficinas de Proceso:
A pesar de haber sido absuelto de todos los cargos, el Estado mexicano se ha negado a restituirme el patrimonio confiscado y reparar el daño moral de manera integra. Hay muy pocos casos fiscales en la corte, pero con pretextos fiscales a mí me metieron una condena penal, me depredaron públicamente y depredaron mi patrimonio, fueron un cúmulo de errores gravísimos que el Estado mexicano cometió y me tiene que reparar; no lo olvido.
“MÉXICO TIENE LA
OBLIGACIÓN DE CUMPLIR”
Brizuela, quien aún hoy conserva su aire de rockero, con atuendo en tono negro y su característico pelo semilargo, afirma que su música contribuyó con el rock de los noventa a que bandas nacionales como Botellita de Jerez, La Maldita Vecindad y El Tri se elevaran en los escenarios musicales recordando que el público mexicano y la música nacional son totalmente independientes al calvario que ha vivido.
En México, Brizuela ha continuado su carrera y conservado una base de seguidores; prueba de ello es la próxima presentación musical que tiene pactada para el 26 de abril en el centro de espectáculos La Maraka, en la Ciudad de México, y previo a ellos, tiene sus distintas colaboraciones con artistas como Amanda Miguel, Benny Ibarra y Alex Lora.
Sobre su caso en México dice:
“En el pleno del Senado, en 2015, no sé si en un acto reivindicatorio, el Senado me entregó el Doctor Honoris Causa (por trayectoria y aportes al rock en español), y ese mismo año salió la sentencia de admisibilidad (de la CIDH) donde declaran al gobierno mexicano culpable de haber roto y violado siete artículos de la Convención Americana y mis derechos y garantías: decía ‘repárese íntegramente’, eso en términos jurídicos es que te tienen que devolver a ti hasta antes de lo que te hayan hecho, con todo lo que implica.
Después, en 2019, en la Cancillería, su departamento de derechos humanos presentó un escrito con la intención de repararme, pero en realidad no pasó nada.
–En los textos previos de Proceso se mencionaba que eran mil 300 millones de pesos (lo que pagó), ahora usted me menciona que son mil 600 millones de pesos…
–En un principio eran mil 380 millones (de pesos) pero se fue a mil 600 millones.
–¿Cuánto fue lo que usted pagó al Estado?
–El completo, pagué en 24 cuotas los mil 600 millones de pesos, yo trabajé para Hacienda tres años.
–¿Cómo los pagó?
–Trabajando donde me dejaban porque me anunciaban en un palenque y ahí le caía (Hacienda), y en la oficina que me manejaba me decían ‘te anunciamos y cayeron auditorías’, fue una persecución feroz.
–¿Entre que años pagó?
–Específicamente entre 1991, 1992 y 1993, eso está certificado, eso está notarizado en las actas que tiene la Comisión Interamericana.
–Tanto en el primer resultado de la Corte (2015) y luego en 2019 está la reparación del daño…
–Ahí se exige que el Estado repare íntegramente, y cómo el Estado respondió con un ‘sí, yo quiero reparar’, con eso se cierra la puerta de elevar el caso a la Corte, lo hicieron de manera muy mentirosa porque pidieron ocho pedidos de extensión, pero han pasado seis años, dicen que quieren reparar, pero no quieren incluir lo fiscal. Se acercaron con una cantidad irrisoria.
–¿Cuánto le ofrecieron?
–80 mil dólares, pero ya no es un tema de dinero, se me ha ido la mitad de mi vida en esto, ¿y sabes por qué? porque no me dejo porque no me voy a dejar con una injusticia tan grande. Porque si yo me dejo, se la pueden hacer a alguien más, ¡y lo han hecho! ya se la han hecho a mucha gente.
“Ya les gané las dos sentencias (2015 y 2019) en un organismo superior que supervisa, analiza y hace sentencia aún sobre las decisiones de la misma Corte Suprema de México. Yo pagué casi medio millón de dólares de abogados, después de la fortuna que le pagué a Hacienda y eso tampoco figuraba ahí, y no voy a aceptar».
–Desde el sexenio pasado la 4T ha buscado recuperar deudas para el fisco, pero en este caso sería devolverle a usted.
–Es devolver lo que ilícitamente tomaron, usando todo el poder del Estado, lo cual es un grave delito, y no lo digo yo lo dicen los organismos internacionales. Esa es la finalidad de las comisiones y de estos organismos.
–Si tuviera que decirle algo a la actual administración en México, a Claudia Sheinbaum, ¿qué sería?
–Que le informen a la señora lo que está pasando, y si quiere saber de mi propia boca, yo encantado voy y se lo presento.
“México tiene la obligación de cumplir sus pactos con la Comisión Interamericana, y no es a conveniencia porque cuando le toca a México, a un mexicano, salen hasta en defensa de criminales, pero cuando la cosa es al revés es como que ‘aquí miramos otra parte’, ¿no?. Y yo no estoy agrediendo a nadie. He tratado dos veces de hacer tratos amistosos y me ha sido infructuoso. En este momento mi caso es el caso más antiguo en la Comisión que tiene México. No es un tema de dinero, es un tema de dignidad.
“Tengo mi familia, mi vida, pero esto en su momento me costó el divorcio, mi familia se mudó, tuve a mi hijo con anorexia a causa de todo este bullying que le hacían, cosas terribles que me pasaron y la opinión pública a veces no lo sabe todo… Los derechos humanos no se negocian”.
(Publicado por la revista PROCESO)
