Columna: Resiliencia Democrática
El Plan B electoral
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo
Analizaré la propuesta electoral desde su exposición de motivos, la cual inicia con
falacias y con una carga ideológica; por ejemplo, habla del “uso eficiente del gasto”
resaltando el cuidado de los recursos. Este apartado consta de tres partes: I. Acabar
con los privilegios, II. Integración de Regidurías, y III. Revocación de Mandato. El
presente análisis será sobre lo que propone, y la segunda parte son las
implicaciones de las mismas.
I.- Acabar con los privilegios. Ideológicamente empieza diciendo que antes
de 2018 todo era corrupción, y que existía una administración ineficaz; si esto lo
contrastamos con la actualidad, al gobierno morenista se le recordarían los
siguientes hechos: el descarrilamiento del Tren Maya, el 19 de agosto de 2025, sin
víctimas; a diferencia del descarrilamiento del Tren Interoceánico el pasado 28 de
diciembre de 2025, que provocó 13 muertes; y el 17 de marzo de 2026, el incendio
en la refinería Dos Bocas produjo 5 muertes. Dado lo anterior, ya no sabemos si
todas las ocurrencias que hace este gobierno, tienen resultados fatales, como las
muertes de las personas que viajaban o trabajaban. En este apartado, afirma que:
“la 4T tiene una política de Estado de Austeridad”, y que por tanto hay que reducir
el salario de los consejeros y magistrados electorales, funcionarios del INE, OPLE´s,
Tribunales Electorales Locales, y que el Senado ajuste su presupuesto en un 15%.
II. Integración de Regidurías. Allí estableció el criterio de un mínimo de 7 y
un máximo de 15 regidurías, la impresionante ocurrencia, es que sólo se reducirían
152 regidurías, que a continuación se enlistan las que se proponen eliminar:
Monterrey (28), Puebla (23), Altamira, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo,
Reynosa, Tampico, Victoria (21), Chihuahua, Juárez, Hermosillo, Acapulco,
Cajeme, Guaymas, Novojoa, Nogales y San Luis Río Colorado (20), Guadalajara,
Zapopan, Mérida, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Huejutla, Mineral
de la reforma, Pachuca, Tizayuca, Tula y Tulancingo (19), y como plantea que
mínimo sean 7 regidurías, se crearían de 800 a 1,500 regidurías para sujetarse a la
“ocurrencia presidencial”.
III. Revocación de mandato. En este apartado afirma: “
…que permiten a la
ciudadanía corregir decisiones que se traducen en gobiernos incapaces, corruptos
o contrarios al interés popular” (vaya mensaje a los gobernadores), aquí pretende
pasar al segundo año de gobierno, es decir, meterse en la elección intermedia.
La iniciativa de reforma constitucional electoral presentada por el Ejecutivo federal
se anuncia como un esfuerzo por “reducir privilegios” y “fortalecer la democracia”.
Sin embargo, una lectura técnica —y no propagandística— revela algo distinto: no
estamos frente a una reforma de eficiencia, sino ante un rediseño del poder político.El punto de partida es ya problemático. La exposición de motivos recurre al artículo
39 constitucional para justificar una ampliación de la soberanía popular, como si
ésta pudiera ejercerse sin límites. Pero en un Estado constitucional, la soberanía no
es absoluta: está mediada por derechos fundamentales, división de poderes y
órganos autónomos. Invocar al “pueblo” para debilitar contrapesos no es
democratizar; es plebiscitar el poder.
El segundo problema es la austeridad. La iniciativa insiste en el “uso eficiente del
gasto público”, pero no presenta un solo estudio técnico que lo sustente. No hay
diagnósticos, ni evaluaciones de impacto, ni métricas verificables. La austeridad, en
lugar de ser una política racional, se convierte en consigna.
Un tercer elemento revela la improvisación de la reforma: la integración de los
ayuntamientos. Se propone fijar un máximo de quince regidurías por municipio bajo
el argumento de austeridad. Sin embargo, los datos arriba mencionados muestran
que sólo una minoría de municipios rebasa ese número. En contraste, imponer un
mínimo funcional podría generar cientos —incluso miles— de nuevas regidurías. Es
decir, la medida no sólo carece de diagnóstico, sino que puede producir el efecto
contrario al que dice perseguir. No es una política pública: es una ocurrencia más.
Pero el verdadero núcleo de la reforma está en la revocación de mandato. Ahí es
donde la iniciativa deja de ser deficiente y se vuelve preocupante.
El rediseño propuesto permite que la persona titular del Ejecutivo promueva
activamente el voto a su favor y traslada el proceso al tercer o cuarto año, además
de alinearlo con el calendario electoral. En apariencia son ajustes técnicos; en
realidad, constituyen una transformación de fondo.
La revocación de mandato deja de ser un mecanismo de control ciudadano y se
convierte en un instrumento de ratificación política. Más aún: en una plataforma de
movilización electoral desde el poder.
La lógica es clara. Quien detenta el cargo podrá influir directamente en el proceso,
en un contexto temporal que coincide con la dinámica electoral. Esto genera una
ventaja estructural que rompe el principio de equidad en la contienda. No se trata
de una irregularidad menor, sino de una alteración del equilibrio democrático.
En conjunto, la reforma dibuja un patrón:
• debilitamiento de órganos autónomos.
• reducción de capacidades institucionales.
• centralidad del Ejecutivo en mecanismos de participación.
Todo bajo el discurso de la austeridad y la soberanía popular.El problema no es el lenguaje, sino el resultado. Cuando se reducen contrapesos,
se flexibilizan reglas y se fortalece al poder en turno, lo que emerge no es una
democracia más eficiente, sino una más vulnerable.
La democracia constitucional no se mide por la voluntad del gobierno, sino por los
límites que lo contienen. Y esta reforma, lejos de reforzarlos, los erosiona.
En política, como en derecho, hay reformas que ordenan el sistema y otras que lo
inclinan. Esta pertenece, claramente, a la segunda categoría.
Finalmente, nos enfrentamos a iniciativas de ley, sin técnica legislativa, ideológicas,
y porque no decirlo, altamente perversas para preservar el poder de la manera más
vulgar posible, no hay diseño institucional, sino que es el ascenso del cinismo en la
vida pública, no hay reglas, es el retorno a la barbarie
