Ciudad de México.– Un grupo de 38 organizaciones no gubernamentales defensoras del medio ambiente acusaron al Gobierno Federal y a Petróleos Mexicanos (Pemex) de ocultar el origen de un derrame de hidrocarburos registrado desde el pasado 6 de febrero en la Sonda de Campeche.
De acuerdo con el posicionamiento, respaldado por análisis de imágenes satelitales, el incidente se originó en una embarcación cercana al complejo de plataformas Abkatún, generando una mancha de crudo que superó los 50 kilómetros cuadrados y que posteriormente alcanzó las costas de Tabasco y Veracruz, con afectaciones a comunidades pesqueras y turísticas.
El comunicado, firmado por organizaciones como Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Alianza Mexicana Contra el Fracking, señala que los primeros vertidos ocurrieron entre el 6 y el 10 de febrero en coordenadas cercanas a la plataforma Abkatún.
A partir del 11 de febrero, indican, la descarga se intensificó, incrementando considerablemente el volumen del derrame. Para el día 13, al menos cinco embarcaciones realizaban maniobras de contención, las cuales resultaron insuficientes para evitar la expansión del hidrocarburo.
Las organizaciones sostienen que las corrientes marinas y condiciones meteorológicas facilitaron la dispersión del crudo hasta el 17 de febrero, alcanzando en semanas posteriores diversas comunidades en el Golfo de México.
Asimismo, denuncian que ni Pemex ni autoridades federales informaron de manera oportuna sobre la magnitud del incidente, sus riesgos ni las acciones implementadas, pese a que el derrame era conocido desde sus primeras etapas.
Señalan incumplimiento de protocolo nacional
Las ONG acusaron que el manejo del incidente incumplió el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos vigente desde 2023, el cual establece la obligación de notificar de inmediato a las autoridades competentes y garantizar la transparencia informativa.
Dicho instrumento también contempla la designación de un responsable de comunicación dentro del Sistema de Comando de Incidentes y la elaboración de un Análisis de Beneficio Ambiental Neto por parte de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
A más de un mes del inicio del derrame, las organizaciones señalaron que no se ha identificado públicamente a la empresa responsable ni se han detallado mecanismos de compensación por los daños ambientales y afectaciones a las comunidades.
Finalmente, advirtieron que los responsables podrían enfrentar sanciones administrativas, civiles y penales conforme a la legislación vigente.
Con información de La Jornada.
