El ex gobernador Jaime Bonilla (2019-2021), primer mandatario de Baja California postulado por Morena y actualmente comisionado político del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, fue vinculado a proceso penal por los delitos de peculado, abuso de autoridad, así como uso ilícito de atribuciones y facultades.
El juicio, que incluye a Bonilla y a nueve de sus colaboradores, se relaciona con el contrato de construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali que otorgó a la empresa regiomontana Next Energy.
Al final de la audiencia, ayer, Bonilla afirmó “No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, nada más para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora”.
En tanto, la actual titular del Ejecutivo estatal, Marina del Pilar Ávila, rechazó que el proceso penal de Bonilla tenga tintes políticos, y expuso que en el juicio que su antecesor lleva en libertad podrá ofrecer pruebas a su favor.
El ex mandatario será juzgado fuera de prisión, dado que el juez Gerardo Anguiano impuso como única medida cautelar en la causa penal 4921/2022 un pago de garantía de 100 mil pesos.
Hace unos días, el ex gobernador aseguró que los argumentos jurídicos del gobierno estatal eran ficticios, pues el contrato con Next Energy era por la venta de energía eléctrica.
La planta que según el entonces mandatario morenista daría “soberanía energética” a Baja California nunca contó con permisos ambientales federales ni municipales.
La Secretaría de Energía en la administración de Andrés Manuel López Obrador argumentó que la Federación es la única instancia facultada para este tipo de licitaciones y contratos.
A pesar de esto, el gobierno de Bonilla lanzó la convocatoria para construir la planta con un precio de 37 mil millones de pesos a cubrir en 30 años, con las participaciones federales recibidas por la entidad como garantía de pago.
El fideicomiso creado para tal fin con Banca Afirme obligaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a otorgarle 123 millones de pesos para el pago del contrato con Next Energy. El primer desembolso se hizo efectivo en febrero de 2022.
El consejero jurídico de Baja California, Juan José Pon, afirmó que de no iniciar la denuncia y contar con la resolución de un juez, el gobierno estatal adeudaría a la fecha más de 6 mil millones de pesos.
Asimismo criticó los señalamientos del ex gobernador, en cuanto a que el contrato era para comprar energía eléctrica. “Esas declaraciones no son creíbles, y son ofensivas a la inteligencia de los bajacalifornianos”, dijo Pon.
EN 2022, LA GOBERNADORA ÁVILA PRESENTÓ DENUNCIA
En 2022, la gobernadora Ávila presentó una denuncia contra su antecesor y 14 de sus funcionarios por peculado, abuso de autoridad, al igual que uso ilícito de atribuciones y facultades.
También denunció a Banca Afirme por negarse a regresar los 123 millones de pesos iniciales al quedar sin efecto la obra y, por ende, el fideicomiso.
Dos funcionarios de la institución bancaria huyeron, pero dos años después fueron detenidos en el extranjero y vinculados a proceso penal, lo mismo que nueve funcionarios de Bonilla.
Debido a que contaba con fuero por ser senador, Bonilla evitó la acción de la justicia y al regresar al estado en 2024 no se presentó a 12 audiencias programadas por el Poder Judicial bajacaliforniano.
El ex mandatario se presentó en el Centro de Justicia Penal en Mexicali el lunes por la mañana para la audiencia de vinculación, que concluyó ayer luego de 24 horas y media.
El juez determinó que existen pruebas suficientes para vincularlo por coautoría de los delitos que se le atribuyen, se le inculpó dolo, e impuso tres meses a la defensa y la fiscalía para presentar pruebas, además de otros tres meses para emitir la resolución final.
Con información del diario LA JORNADA.
