Al manifestar su preocupación por la actualización de las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que realizó el gobierno federal, la cual –señalaron– “privilegia la gestión administrativa sobre la realidad de las familias en territorio”, más de 200 colectivos aglutinados en movimientos y plataformas de familiares de víctimas reiteraron su llamado a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con la información presentada el viernes pasado por las autoridades, de los 132 mil 534 casos reportados en el país, en 46 mil 742 se tienen datos insuficientes para la búsqueda y 43 mil 128 aparecen sin registro de actividad o trámite administrativo posterior a su desaparición.
Ante ello, en un comunicado el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, el Contingente contra las Desapariciones de personas LGBT+, la Unión y Red Nacional de Búsqueda, entre otros, exigieron acceso amplio a la información y transparencia “particularmente sobre la metodología y seguimiento alrededor del RNPDNO y de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, así como todos los procesos relacionados a la búsqueda, investigación e identificación”.
El Estado, enfatizaron, “debe garantizar que toda persona sea buscada con debida diligencia, independientemente de su estatus administrativo o penal”.
Lamentaron que, a pesar de los discursos de cercanía con las autoridades, “observamos con preocupación que continúan tomando decisiones sin consultar de forma amplia y participativa a las familias y plataformas, siendo que el año pasado impulsamos un diálogo con la Secretaría de Gobernación”.
Los colectivos recordaron también que desde octubre de 2024 han solicitado una reunión con la presidenta Sheinbaum. “Seguimos esperando respuesta”.
Subrayaron que el uso de criterios “meramente burocráticos” para medir la crisis de desaparecidos “corre el riesgo de minimizar la dimensión real del delito”. Una base de datos sustentada principalmente en la denuncia penal como propone el gobierno “ignora la realidad de las fiscalías, así como el subregistro derivado de la desconfianza en las instituciones y la falta de condiciones de seguridad para denunciar”.
Por su parte, Socorro Gil Guzmán, del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, quien busca a su hijo desaparecido desde el 5 de diciembre de 2018 en el centro de esa ciudad, destacó que “la administración del dolor con estadística no es justicia, sin que nuestros seres queridos sean encontrados”.
Junto con otras madres buscadoras, también exigió que los agentes del Ministerio Público dejen de actuar de forma negligente, pues para iniciar un acta por la desaparición de una persona crean “una burocracia de vueltas y vueltas”.
En conferencia, señaló: “no queremos más conteos, queremos que busquen”. Refirió que en Guerrero se dejaron de actualizar las cifras desde hace tres años y medio, cuando el reporte era de 4 mil 500 personas. “Suman más de 8 mil, así lo tenemos estimado”, concluyó.
(Con información del diario LA JORNADA)
