Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California y actual comisionado Nacional del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, fue sancionado por violencia política en razón de género por expresiones misóginas y calumnias contra la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California determinó inscribirlo en los padrones estatal y nacional de personas sancionadas por violencia política, sujetarse a capacitación en perspectiva de género y se hizo acreedor a una amonestación pública. Se trata de las mismas expresiones esgrimidas en su época de legislador sobre supuestos vínculos con el narcotráfico y la jefatura del entonces esposo de Ávila Olmeda, aunque en ese entonces al empresario lo protegía el fuero constitucional.
Esto ocurre tras la vinculación de Bonilla a proceso penal por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de facultades y atribuciones cuando gobernó Baja California por solo dos años. Esto se originó por la contratación de una empresa para desarrollar una planta de energía solar en el Valle de Mexicali con un compromiso de pago de 37 mil millones de pesos durante 30 años y al concluir este plazo con pagos mensuales de 123 millones de pesos en el año 2051 la Central Eléctrica pasaría a manos del gobierno estatal. El gobierno federal es el único que cuenta con facultades para celebrar este tipo de contratos.
Por la obra que nunca se construyó la banca Afirme cobró a la Secretaría de Hacienda 123 millones de pesos en febrero de 2022, por lo que se presentó una denuncia penal contra 14 funcionarios bonillistas y dos directivos del banco.
Ante la denuncia penal, en 2022, la empresa Next Energy optó por cancelar el contrato sin recurrir a la cláusula de pago de 5 mil millones de pesos de compensación por parte del gobierno.
Aun así, la administración de Marina del Pilar detectó la entrega de 1 mil 300 millones de pesos como inversión inicial de un proyecto solo de papel.
El empresario también tiene una inhabilitación de tres años para tener cargos públicos impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California.
Con información del diario LA JORNADA.
