En respuesta al rechazo del gobierno de México al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de Naciones Unidas, el presidente de este organismo, Juan Pablo Albán, señaló que si bien “el desacuerdo es legítimo, la descalificación es cuestionable”.
A la vez, reviró las afirmaciones que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina de ayer, donde afirmó que “no es un comité de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas”.
En una serie de precisiones que publicó ayer en su cuenta oficial en X, Albán explicó que los órganos de tratado sí forman parte del sistema de Naciones Unidas.
“Somos mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los estados miembros, y nuestra función es supervisar su cumplimiento”, cuyos integrantes son elegidos por los propios estados partes. “Actuamos con independencia, pero no al margen del sistema de Naciones Unidas”, indicó.
El presidente del CDF precisó que es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos y sus integrantes.
Subrayó que los objetivos comunes deben seguir siendo el fortalecimiento de la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición y erradicar el fenómeno, todo ello en beneficio de las víctimas y sus familias.
Aunque remarcó que el artículo 34 de la convención es claro en cuanto al procedimiento, ya que cuando el comité recibe información que contiene “indicios bien fundados” de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede “(…) llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas, por conducto del secretario general”.
Agregó que el análisis del CDF no se limita a un periodo cerrado. La decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que han tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continúan teniendo, concluyó.
RATIFICA LA PRESIDENTA SU
RECHAZO A INFORME DE LA ONU
El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) porque extrapoló a 2025 la cifra de un análisis que hizo del periodo de 2009 a 2016 y no de años recientes, ratificó la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la conferencia matutina de ayer, la mandataria mexicana informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores explicará con mayor detalle las razones del rechazo al reporte de ese comité, pero adelantó que ese documento presenta un análisis de cuatro entidades de la República de un periodo de la época neoliberal, pero los resultados los extendieron a 2025.
Subrayó que además es una investigación que queda fuera de lo que estipulan los estatutos de esta comisión y de la ONU sobre la caracterización de la desaparición forzada y por ello refutó el documento.
“No fueron consideradas las acciones que hemos hecho y no tiene nada que ver con los colectivos, la solidaridad con los familiares buscadores y el trabajo que hacemos de la alerta y erradicar el delito de la desaparición vinculado con la delincuencia organizada”, puntualizó la mandataria federal.
El pasado viernes, la Secretaría de Gobernación calificó dicho informe de “tendencioso y falto de rigor jurídico”, al señalar que omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan, a la vez que “excede” su mandato al presentar un documento en el que amplió indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada.
La respuesta de la titular del Poder Ejecutivo se da ante la decisión del comité de solicitar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que remita “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.
Por lo anterior, Sheinbaum Pardo explicó que su gobierno también buscará al alto comisionado de la ONU para exponer las razones del rechazo a dicha investigación.
“Este comité enviará al alto comisionado de Naciones Unidas este informe; nosotros vamos a establecer una relación estrecha con el alto comisionado y exponerle por qué no estamos de acuerdo con ese documento”, apuntó.
Por otro lado, aclaró que la Ley General contra el Feminicidio no contempla retroactividad para reabrir casos previos a esta iniciativa que presentó en marzo pasado, pero añadió que tienen considerado hacer una ley general para la investigación de los feminicidios, a fin de disminuir o erradicar la impunidad en este delito.
Con información del diario LA JORNADA.
