Dos empresas del consorcio donde Javier Duarte de Ochoa es socio obtuvieron contratos públicos por casi 20 millones de pesos mientras el ex gobernador cumplía su pena por lavado de dinero y asociación delictuosa.
En la nota principal de su portada de este lunes, el diario EL SOL DE MÉXICO revela que Grupo Universal de Construcción y Sociedad Editora Arróniz recibieron licitaciones y adjudicaciones para mantenimiento y obras carreteras en Veracruz, así como contratos de publicidad oficial en Veracruz y Puebla, de acuerdo con el portal Compras MX. El consorcio Grupo Empresarial Pertenezco, encabezado por el empresario Juan Manuel Bueno Ross, director de 3M Manufactura en México y que agrupa a casi 60 socios, mantiene actividad al menos hasta 2024, cuando otra de sus firmas, Grupo Empresarial Porres, firmó un convenio con la Universidad Veracruzana (UV).
Apenas el pasado 21 de noviembre, la jueza federal Ángela Zamorano negó la solicitud de libertad anticipada presentada por la defensa de Duarte de Ochoa al determinar que no cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta resolución obliga al exgobernador de Veracruz a permanecer en prisión hasta abril de 2026.
Sin embargo, ahora Duarte corre el riesgo de permanecer varios años más en prisión luego de que el gobierno de Guatemala autorizó a la justicia mexicana la facultad de imputar más acusaciones en su contra. La Fiscalía General de la República (FGR) ya judicializó una nueva carpeta relacionada con desvíos de recursos federales durante su gestión, de diciembre de 2010 a octubre de 2016.
El diario REFORMA publicó que el expediente contra Duarte de Ochoa se judicializó hace un par de semanas y se fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial; sin embargo, la defensa del ex mandatario estatal no acudió a la diligencia e informó que su cliente se encontraba enfermo de covid-19.
De acuerdo con la versión del diario capitalino, la carpeta se integró a partir de las denuncias que la FGR recibió desde 2016 relacionadas con desvíos de recursos federales destinados, entre otras actividades, a la adquisición de insumos en materia de salud y obras públicas, indicaron autoridades federales.
Las fuentes consultadas por REFORMA refirieron que desde hace meses el Ministerio Público federal solicitó a Guatemala la autorización para agregar cargos a Duarte de Ochoa, ya que el ex funcionario mexicano fue extraditado por la justicia de ese país centroamericano y los acuerdos internacionales establecen que ningún presunto delincuente que sea entregado bajo las reglas de esa figura jurídica podrá ser acusado de nuevos delitos en el país que lo reclama sin la aprobación de la justicia de la nación donde fue detenido.
En el caso de Duarte de Ochoa, se le consideró prófugo de la justicia desde octubre de 2016; se evadió días antes de que concluyera su mandato como gobernador de Veracruz y fue detenido con base en una orden internacional de localización y aprehensión el 15 de abril de 2017 en el hotel La Riviera de Atitlán, en la comunidad de Panajachel, Guatemala.
Javier Duarte rechazó la entrega voluntaria y el 17 de julio de 2017 la justicia guatemalteca aprobó su entrega en extradición a México, donde, desde entonces, permanece preso en el Reclusorio Norte.
Semanas atrás, la defensa de Duarte buscó que su cliente cumpliera en libertad vigilada los cuatro meses que restan de su condena, pero el recurso fue desechado por Ángela Zamorano Herrera, jueza de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
La jueza determinó no conceder ese beneficio al considerar que Duarte de Ochoa enfrenta una acusación por el delito de desaparición forzada, y es un caso que no ha concluido; además, el ex gobernador no acreditó haber cumplido con el plan de actividades culturales, educativas, recreativas y deportivas del Reclusorio Norte, donde se encuentra.
En esa audiencia, en noviembre, el ex gobernador ex priista, rechazó casualmente la aseveración del fiscal Manuel Granados en el sentido de que robó 60 mil millones de pesosdel erario veracruzano.
“¿De dónde lo saca?”, le preguntó Duarte. “A mí no se me acusa de robarme ningún centavo”.
Incluso regañó a la Fiscalía: “¿Esta es la Fiscalía General de la República? ¿Es en serio? ¿Este es el nivel del debate que tiene? ¿Acusar sin pruebas? Se me hace insultante, corriente, bajo”, espetó al final de la audiencia que duró casi 12 horas.
