Atanasio Hernández
El Dr. Rafael Vela Martínez Consejero Maestro Universitario de la Universidad Veracruzana denunció que a él y a 23 consejeras y consejeros universitarios —académicos y estudiantes— se les impidió el acceso al Consejo Universitario General, bajo el argumento formal de haber llegado fuera del margen de tolerancia de 15 minutos.
Dijo que este hecho es violatorio de la ley y muestran la forma «porril» de actuar de las autoridades universitarias que encabeza el rector Martín Aguilar Sánchez.
Doctor, ¿qué ocurrió hoy en el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana?
Lo ocurrido es jurídicamente grave e institucionalmente preocupante. A mí y a 23 consejeras y consejeros universitarios —académicos y estudiantes— se nos impidió el acceso al Consejo Universitario General, bajo el argumento formal de haber llegado fuera del margen de tolerancia de 15 minutos.
Sin embargo, esta decisión desconoció deliberadamente un hecho público y verificable: un accidente automovilístico trágico en el boulevard Xalapa–Banderilla, que bloqueó la circulación e impidió el arribo oportuno de quienes habitamos hacia el norte de la ciudad.
¿Este tipo de situaciones han sido tratadas de la misma forma en otros Consejos Universitarios?
No. Y eso es fundamental subrayarlo. En múltiples sesiones anteriores del Consejo Universitario General, ante imponderables similares, las autoridades universitarias han ampliado razonablemente el periodo de tolerancia, incluso por lapsos superiores a los 30 minutos, precisamente para garantizar la integración plena del órgano colegiado.
En esta ocasión, se optó por una aplicación rígida, selectiva y excluyente de la norma, sin atender el principio de máxima representación que debe regir al máximo órgano de gobierno universitario.
¿Qué solicitaron ustedes al momento de ser excluidos?
Solicitamos algo elemental en un Estado de Derecho universitario:
- Que se informara al pleno del Consejo la causa real del retraso, y
- Que se nos permitiera el acceso, para ejercer el mandato que nos fue conferido por nuestras comunidades.
Argumentamos, además, el derecho universitario a no ser excluidos arbitrariamente, máxime tratándose de un Consejo que discute asuntos de la mayor trascendencia jurídica e institucional para la Universidad Veracruzana.
¿Qué elementos adicionales llamaron su atención durante este proceso?
Resultó particularmente preocupante que el acceso al anexo de la Sala Tlaqná estuviera resguardado por personas que no forman parte del personal universitario regular, identificadas claramente como guaruras o personal de seguridad privada, algo atípico y sin precedentes en otros Consejos Universitarios Generales.
El impedir mi acceso, en ese contexto, fue un acto innecesariamente provocativo, que parecía orientado a forzar una reacción emocional o confrontativa, con el objetivo de construir una narrativa de agresividad o incongruencia, es decir, presentar como “violento” a quien ha optado por la vía jurídica e institucional para defender la legalidad universitaria.
¿Considera que esta decisión estuvo dirigida particularmente hacia usted?
El contexto indica que sí. No puede analizarse este hecho de manera aislada. Soy aspirante a la Rectoría de la Universidad Veracruzana y, además, he denunciado jurídicamente la ilegalidad que se configura a partir de la prórroga otorgada al actual Rector, mediante una demanda de amparo presentada ante el Poder Judicial de la Federación, actualmente en trámite para ser atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A ello se suma que este mismo lunes fue publicado en múltiples medios de comunicación un artículo de mi autoría, dirigido a las y los consejeros universitarios, en el que sostengo —con base en la Ley de Autonomía, la Ley Orgánica y el Estatuto General— que no existe sustento normativo para una prórroga discrecional del mandato rectoral.
¿Por qué es tan relevante este Consejo Universitario General?
Porque aquí se discute la legalidad del ejercicio del poder en la Universidad Veracruzana. La normatividad universitaria es clara y precisa:
- El cargo de Rector o Rectora tiene duración determinada;
- Su designación y relevo deben sujetarse a procedimientos expresamente previstos;
- No existe disposición normativa alguna que permita una prórroga automática, extraordinaria o discrecional.
Cuando estos principios se ponen en duda, el Consejo Universitario General no solo puede intervenir: tiene la obligación jurídica e institucional de hacerlo.
¿Esto implica un cuestionamiento a la Junta de Gobierno?
Implica una revisión institucional legítima y necesaria. La Junta de Gobierno no es un órgano intocable ni infalible. Ningún órgano universitario está por encima del marco normativo, y todos están sujetos a responsabilidad institucional y escrutinio colegiado.
Cuando existen dudas fundadas sobre la legalidad de sus decisiones, corresponde al Consejo Universitario General asumir su papel como máximo órgano de gobierno.
¿Qué propuestas se han planteado en este contexto?
De manera pública y en medios de comunicación se ha señalado que un número significativo de consejeros universitarios considera que el Consejo debe:
- Invalidar la prórroga otorgada al actual Rector, por carecer de sustento normativo;
- Iniciar el relevo de las y los integrantes de la Junta de Gobierno, para restablecer la confianza institucional;
- Nombrar una Rectora o un Rector interino, con mandato claro y acotado;
- Convocar de inmediato al proceso de relevo rectoral, conforme a la normatividad universitaria vigente.
Excluir a consejeros en un momento así afecta directamente la legitimidad de cualquier decisión que se adopte.
¿Cuál es su lectura final de lo ocurrido hoy?
La exclusión de 23 consejeros universitarios, en un Consejo de esta relevancia, no es un asunto administrativo menor. Es un hecho que compromete la legalidad, la representación y la credibilidad institucional.
La autonomía universitaria no se defiende con controles de acceso ni con seguridad privada; se defiende con deliberación libre, legalidad y respeto a la pluralidad. Impedir el acceso a quienes disienten jurídicamente no fortalece a la Universidad Veracruzana: la debilita.
¿Qué mensaje envía a la comunidad universitaria?
Que la Universidad Veracruzana no pertenece a personas ni a coyunturas, sino a la ley y a su comunidad. Defender la legalidad universitaria no es un acto de confrontación, es un acto de responsabilidad histórica.
La historia universitaria no juzga a quienes excluyeron, sino a quienes defendieron la norma cuando hacerlo implicaba costos personales. Y ese es el compromiso que hoy reitero.
