El gobierno federal integró un grupo de trabajo, que coordina la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para dar cumplimiento a todos los ordenamientos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en el caso de la violación, tortura y asesinato de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario, a manos de elementos del Ejército en la sierra de Zongolica, Veracruz, en 2007.
Así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ratificó que se dará cumplimiento a todas las recomendaciones del organismo internacional. Muchas de ellas, adelantó, tienen que ver con atención a víctimas, no repetición, y está contemplada la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
“Rosa Icela está coordinando este grupo de trabajo; en cuanto lo tengamos, informamos; está, por supuesto, la gobernadora de Veracruz (Rocío Nahle)”.
–¿El pago de reparación vendrá de la CEAV?
–Sí, es la comisión para víctimas.
Como ya se informó, el gobierno de México aceptó la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos fundamentales de Ernestina Ascencio Rosario, luego de que a mediados de esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) le notificó la sentencia en la que resolvió que fue omiso en su deber de brindar a la víctima y a sus familiares garantías como el acceso a una atención médica oportuna y a una investigación con “debida diligencia”, con lo cual violentó los derechos a la vida, a la integridad y a la salud, así como el derecho a la no discriminación y los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la protección judicial.
Las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SG) informaron lanoche del martes pasado que analizarían “con detenimiento” el contenido de la sentencia del tribunal interamericano, a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la misma, con apego a la perspectiva de género y a un enfoque interseccional.
Como se recordará, el 25 de febrero de 2007, durante la llamada “guerra contra el narco” del entonces presidente Felipe Calderón, efectivos del Ejército mexicano violentaron y causaron la muerte de la mujer indígena, quien tenía 73 años de edad.
El diario LA JORNADA publicó que, en su afán por eludir la responsabilidad, el gobierno panista negó que el fallecimiento se hubiera dado a causa de las agresiones sexuales y la tortura, y lo atribuyó a una supuesta “gastritis crónica”. En esa misma línea se pronunció en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ante la falta de justicia en el país, diversos colectivos llevaron el caso ante la Coridh.
En un comunicado conjunto, la SRE y la SG señalaron que durante la audiencia de notificación, realizada en San José, Costa Rica –sede de la Coridh–, “el gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y a la salud de la señora Ascencio, derivada de la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados”.
Las dependencias reconocieron que también se vulneraron los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial tanto de la víctima como de su familia, así como el derecho a la integridad personal de sus familiares.
“La posición del Estado mexicano es siempre ser solidario con las víctimas para conocer la verdad, garantizar justicia y la reparación del daño, así como la no repetición; por lo que se analizarán con todo detenimiento los razonamientos y elementos de convicción contenidos en la sentencia y se actuará como corresponda, siempre con perspectiva de género y enfoque interseccional”, apuntaron.
Finalmente, reafirmaron el “compromiso” del Estado mexicano en contra de la violencia hacia las mujeres y a favor de la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
