Punto de Vista
* La Bruno Pagliai, al municipio
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
No es la gobernadora la que debe calificar el desempeño o la seriedad de una empresa. En la Ley está estipulado que las compras que realiza la administración estatal deben pasar por un proceso de licitación. *** Si este lunes la gobernadora Rocío Nahle hubiera argumentado que los vales que se entregaron como bonos a los empleados del sector salud fueron elegidos mediante un concurso, quizá su argumentación habría sido válida. *** Que ese mecanismo de pago (a todas luces ilegal) haya sido asignado de manera directa al grupo Chedraui habla del interés del gobierno estatal por favorecer a una empresa que podrá ser todo lo “seria” y “veracruzana” que quieran, pero que debe cumplir con los mismos mecanismos para obtener una adjudicación. *** Y es que entre los gobernantes surgidos de la “cuarta transformación” existe la creencia de que adquieren una patente de corso, que pueden disponer del Estado y sus recursos sin control alguno, lo que los hace caer en peores prácticas que las que ellos mismos criticaron y gracias a lo cual alcanzaron el poder. *** También es pertinente recordarle a la gobernadora que los alcaldes no forman parte de su gabinete, que no son sus subalternos. *** ¡Qué bueno que manifieste su inconformidad por la medida que tomó el ayuntamiento de Coatepec, de desalojar al comercio ambulante e instalar “parquímetros” en el centro de la ciudad!, pero eso de “pedirle” a la comuna de aquel municipio que “revise” la decisión, suena más a una orden que a una gestión. *** No podemos pasar por alto que en los últimos años la verdadera autoridad en Coatepec ha sido Éric Cisneros quien, desde su residencia en un exclusivo fraccionamiento de ese municipio, decide lo que se hace y lo que se deja de hacer. El aún alcalde Raymundo Andrade no es más que su empleado.
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Los industriales que han asentado sus empresas en el parque Bruno Pagliai optaron por el menor de los males: que la superficie que abarca esa Ciudad Industrial pase al control del ayuntamiento de Veracruz y deje de depender de las decisiones del gobierno estatal.
Lo hacen porque el gobierno de Rocío Nahle nunca quiso meter al orden a quienes operan el fideicomiso del Fondo del Futuro, ente financiero que tiene bajo su responsabilidad la administración y el mantenimiento de ese parque dedicado al impulso de la inversión industrial.
La Ciudad Industrial Bruno Pagliai luce en completo abandono, sus calles parecen zona de guerra y fallan los servicios elementales para el funcionamiento de las empresas ahí asentadas.
La responsable de que esa zona se mantenga en buenas condiciones es Ana Laura del Ángel Olivares, directora del Fondo del Futuro, quien ya fue denunciada por los representantes jurídicos de las empresas asentadas en ese parque industrial. Tras ella, sin embargo, está la mano de un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Los empresarios agotaron las vías institucionales para conseguir que los recursos que ellos aportan mes con mes (alrededor de 3 millones de pesos) sean aplicados en su concepto original: el mantenimiento del parque industrial. Les pasó lo que a “La Negrita”: les dijeron que sí, pero no les dijeron cuándo.
Municipalizar la Ciudad Industrial no parece una gran opción (los servicios que presta el ayuntamiento son insuficientes y de mala calidad) pero al menos habrá interlocución.
Los empresarios no están en contra de pagar una cuota para el mantenimiento de la Ciudad Industrial, pero quieren que ese recurso se refleje en el entorno donde trabajan.
“No sabemos en qué se están ejerciendo las cuotas de mantenimiento. Las calles, es evidente, se ven en las fotos; cualquiera que pueda ir a la Bruno industrial se puede dar cuenta de cómo está el parque”, reclaman los industriales, quienes -con sus empresas- generan cerca de 20 mil empleos.
Además, ellos aportan 9 millones de pesos al año por concepto de impuesto predial al ayuntamiento de Veracruz y hasta ahora nada reciben a cambio. Es momento de que se les retribuya con servicios de calidad.
Pero mientras los industriales se ponen de acuerdo con la nueva autoridad municipal, en enero, el gobierno estatal debe reflexionar el mensaje que transmite cuando decide desentenderse de una responsabilidad y protege a quienes han hecho mal uso de recursos públicos.
¿De verdad creen que inversionistas serios querrán asentar sus empresas en los nuevos polos de desarrollo (Tuxpan y Coatzacoalcos) si ven que la más grande ciudad industrial de la entidad ha sido abandonada por el Estado?
Ese fue uno de los temas que incidió en la evidente caída en la calificación de la gobernadora Rocío Nahle. Si a eso se le suman los problemas de seguridad, el deficiente servicio de salud y la ineficacia de su área de protección civil, se entiende porqué los veracruzanos ya están reclamando que se active el mecanismo jurídico para quitarla del cargo.
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Epílogo.
El reciente relevo en la Fiscalía General del Estado (FGE) y las reformas que aprobó el Congreso local, confirmaron que no está en la agenda de la actual gobernadora el respeto a la autonomía en organismo encargado de procurar justicia para los veracruzanos. Si eso sucede con la Fiscalía General, peor escenario es el que se observa en la Anticorrupción. *** Este lunes, en una entrevista que concedió al portal “Al Calor Político”, el abogado Tomás Mundo Arriasa afirmó que la Fiscalía Anticorrupción requiere mayor autonomía para mejorar su efectividad. La falta de decisión jurídica, por encima de criterios políticos -dijo- ha limitado la capacidad de la institución para actuar con libertad y resolver casos de mayor impacto. *** Tomás Mundo Arriasa considera que el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción debe traducirse en un incremento en sus recursos y una capacitación real para su personal, pues los fiscales suelen estar saturados de trabajo. *** Para justificar su existencia, dijo el abogado penalista, la Fiscalía Anticorrupción se ha concentrado enatender “delitos de bagatela” y deja pendientes las denuncias relevantes contra funcionarios de alto nivel, incluso de administraciones anteriores. *** ¿De verdad hay interés institucional en combatir la corrupción?
