Reporta Artículo 19 que Veracruz es el estado con más periodistas bajo acoso judicial

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ARTICLE 19 México y Centroamérica hizo un llamado urgente a revisar los marcos normativos que están siendo utilizados como herramientas de censura en las entidades mexicanas. La organización no gubernamental exige a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas.

En un comunicado titulado “Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México”, ARTICLE 19 documentó un preocupante aumento sostenido del acoso judicial contra los comunicadores, al consignar que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos, de los cuales, el estado de Veracruz acumuló 10, la Ciudad de México 9 y Jalisco 6.

En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.

Aunque ARTICLE 19 ha advertido sobre esta tendencia desde 2016, en tan solo siete meses se ha superado el número de víctimas registradas en cualquier año anterior. La violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales.

Preocupa especialmente el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México. Esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder.

Ante este escenario, ARTICLE 19 presenta este breve reporte reiterando las obligaciones del Estado mexicano para proteger el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, consagrado en la Constitución y protegido por los tratados internacionales.