Ciudad de México, 13 de enero de 2026.— Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el nuevo procedimiento obligatorio que exige vincular el registro de números celulares a la identidad de personas físicas o morales, al asegurar que se trata de una medida clave dentro de la estrategia nacional para combatir delitos como la extorsión y el fraude.
Durante su conferencia matutina, la mandataria reconoció que la implementación del registro ha generado pánico e incertidumbre entre la población, pero sostuvo que su finalidad es fortalecer las labores de investigación y persecución del delito. Precisó que la ciudadanía tiene del 9 de enero al 30 de junio de 2026 para realizar el trámite y advirtió que, de no hacerlo, las líneas telefónicas serán suspendidas a partir del 1 de julio de este año.
Fallas desde el inicio
En los primeros días de operación del sistema, usuarios de distintas compañías telefónicas reportaron problemas técnicos, fallas de seguridad y complicaciones logísticas en los portales habilitados para el registro. No obstante, Sheinbaum afirmó que el mecanismo es necesario y aclaró que la responsabilidad de resguardar los datos personales recae directamente en las empresas proveedoras del servicio.
La presidenta explicó que el registro se realiza de manera directa con las compañías telefónicas y no con el gobierno federal.
“Se registran en la telefónica, y si hay un delito, entonces las áreas correspondientes de seguridad o de Procuración de Justicia solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito (…). Las empresas telefónicas guardan la información”, detalló.
En ese sentido, subrayó que únicamente la autoridad puede acceder a los datos personales cuando exista una indagatoria formal relacionada con el uso de un número celular registrado, y rechazó que el gobierno esté vulnerando la privacidad de los ciudadanos.
“Sus datos están seguros”, afirma la presidenta
Ante las quejas por posibles filtraciones o fallas en los sistemas, Sheinbaum sostuvo que cualquier vulneración de datos personales es responsabilidad de las empresas telefónicas, ya que son ellas las encargadas de almacenar y proteger la información de los usuarios.
Finalmente, reiteró que el registro busca cerrar el paso a la impunidad en delitos cometidos a través de líneas telefónicas, especialmente en casos de extorsión, secuestro virtual y fraude, sin afectar los derechos de los usuarios.
Con información de Infobae.
