La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ya no puede autorizar de manera directa la realización de obras públicas sin la aprobación previa del Congreso local, al considerar que dicha atribución vulnera el principio constitucional de división de poderes.
Durante el análisis del caso, el pleno del máximo tribunal concluyó que permitir al Ejecutivo estatal aprobar obras sin la intervención del Poder Legislativo implica una afectación al control democrático sobre el uso de los recursos públicos. Los ministros subrayaron que las decisiones en materia de infraestructura y gasto deben contar con supervisión legislativa, ya que involucran planeación, presupuesto y rendición de cuentas.
Argumentos del pleno
En la discusión, la Corte señaló que la norma impugnada otorgaba a la gobernadora una facultad discrecional que excedía los límites establecidos por la Constitución. Los ministros advirtieron que este tipo de atribuciones pueden propiciar una concentración de poder y debilitar los mecanismos de control previstos en el sistema jurídico.
Asimismo, la SCJN enfatizó que el Congreso de Campeche es el órgano facultado para autorizar las obras públicas, pues su participación garantiza el equilibrio institucional y evita decisiones unilaterales por parte del Ejecutivo. Por ello, resolvió invalidar la disposición legal que permitía aprobar proyectos sin el aval legislativo.
Reacciones en Campeche
Tras el fallo, actores políticos en Campeche expresaron posturas encontradas. Algunos legisladores consideraron que la resolución fortalece el papel del Congreso y restablece el orden constitucional en la entidad. En contraste, sectores cercanos al gobierno estatal señalaron que la eliminación de esta facultad podría ralentizar la ejecución de proyectos de infraestructura.
No obstante, incluso estos sectores reconocieron que los procedimientos deben ajustarse a la legalidad y a los principios de transparencia y control institucional.
Contexto legal
La controversia se originó a partir de una reforma legal local que otorgaba a la gobernadora la posibilidad de autorizar obras públicas sin la intervención del Legislativo. Dicha reforma fue impugnada al argumentar que violaba el esquema constitucional que asigna al Congreso la aprobación de obras y del presupuesto.
La Suprema Corte coincidió con estos señalamientos y concluyó que la norma debía ser eliminada para restaurar la constitucionalidad del marco legal en Campeche, reafirmando que ninguna autoridad puede ejercer facultades que no le corresponden.
Con información de Excélsior.
