Punto de Vista
* FGE: llegar a corregir
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
¿Con qué cara, con qué autoridad moral se atreve el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Esteban Bautista, a amenazar a los alcaldes en funciones? *** El legislador advirtió este miércoles que los conflictos internos en los ayuntamientos pueden derivar en la remoción de ediles y la “caída” de alcaldes, cuando no existan acuerdos en los Cabildos y puso como el caso deTexistepec, donde se instauró un Concejo Municipal. *** Pasó por alto, sin embargo, el caso que dio pie a esta amenaza: Lerdo de Tejada, en donde los dos últimos Congresos (el que encabezó Juan Javier Gómez Cazarín y el que preside Esteban Bautista) permitieron que ejerciera funciones de alcaldesa la síndica María Esther Arróniz López, a pesar de que nunca se le asignó de manera formal ese cargo. *** Tampoco hizo referencia al caso de Sayula de Alemán, donde los ediles y sus suplentes renunciaron y la Legislatura permitió que la alcaldesa, Lorena Sánchez, dispusiera del ayuntamiento a su antojo. *** Ahora, a los nuevos alcaldes los amenaza con “retirarlos del cargo”(posición que obtuvieron por voluntad popular) cuando no ha sabido imponer orden.
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Hace ya más de tres lustros, un personaje muy cercano al gobernador en turno compitió y ganó la alcaldía del pueblo que lo vio nacer. Sus amigos, esos que en corto se atrevían a decirle las cosas sin filtros, le hicieron ver: “eres un hombre afortunado; llegaste a gobernar un municipio en el que tu antecesor no hizo nada. Es tal el abandono, que con que anuncies que cambiarás de lugar una piedra, los pobladores te harán fiesta”.
Una circunstancia similar vive en estos momentos la titular de la Fiscalía General del estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez: fue tan poco -por no decir “nada”- lo que hizo Verónica Hernández, que se hace más evidente (y motivo de algarabía) casi cualquier cosa que se consiga en este nuevo período.
Este miércoles la titular de la FGE acudió al Congreso del Estado para rendir un informe de lo que ese organismo, en el papel “autónomo”, hizo en el último año.
Como no es ella la que puede habar de lo realizado antes de su llegada al cargo, Lisbeth Aurelia Jiménez concentró su exposición en lo que se ha hecho desde su llegada, hace apenas 6 semanas.
Ocupó buena parte de su tiempo en hablar de temas que han sido muy mediáticos, como las denuncias por fraudes inmobiliarios, en los que estarían involucrados funcionarios estatales y municipales, además de notarios públicos y corredores de bienes raíces.
Hasta el momento, por este caso, no ha caído ningún “pez gordo”, pero la fiscal dijo que ya casi tienen el expediente completo y muy pronto podría haber noticias.
Sobre los exfuncionarios de la UPAV adelantó que se preparan nuevos trámites de órdenes de aprehensión, aunque aclaró que no podía dar más información para no entorpecer las investigaciones.
Se refirió a un asunto que fue muy criticado durante la gestión de Verónica Hernández: la protección a los derechos humanos. Con la anterior fiscal se estableció una consigna: ninguna recomendación por violación a los derechos humanos sería admitida.
Negó que exista interés por perseguir a periodistas y le “echó la bolita” al Poder Judicial, pues fue el juez, dijo, el que resolvió vincular a proceso a Rafael León Segovia, por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.
Sobre la ejecución del periodista Carlos Ramírez Castro, en Poza Rica, dijo que “hay avances” en la investigación.
Otra analogía en esta comparecencia: la fiscal llegó al Congreso como un portero que tiene que enfrentar el cobro de un penal: tiene todo por ganar y nada que perder. Si le anotan, nadie le reclamará, pues el cobrador tiene todas las ventajas, pero si lo detiene, entonces se habrá convertido en el héroe.
Es el caso de la titular de la FGE. Nadie le puede achacar -aún- a ella, la crisis que vive Veracruz en materia de procuración de justicia y, por el contrario, cualquier avance, cualquier acción para combatir la impunidad, a tan poco tiempo de haber llegado, será considerado como una gran hazaña.
Es muy pronto para evaluar el desempeño de Lisbeth Aurelia Jiménez al frente de la Fiscalía y, por supuesto, no se puede utilizar como parámetro lo realizado por Verónica Hernández. Poco a poco se verá si en realidad hay voluntad y capacidad para procurar justicia para los veracruzanos.
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Epílogo.
Algo de lo que no se habló en la comparecencia de la Fiscal, fue de la conformación de su equipo de trabajo. Llama la atención que ha incorporado a servidores públicos muy cercanos al exfiscal Jorge Winckler Ortiz (hoy en la cárcel). *** Es el caso de Pablo Mendizábal Bernal, un bisoño abogado litigante que consiguió despegar en la estructura de la Fiscalía justo cuando estaba al frente de ella Jorge Winckler Ortiz y ahora fue nombrado Fiscal Regional en Cosamaloapan. *** Mendizábal Bernal, por cierto, es hijo del médico forense Juan Pablo Mendizábal Pérez, aquel que hiciera la autopsia a la anciana indígena Ernestina Ascencio Rosario, quien falleció luego de ser atacada por elementos del Ejército Mexicano, en la sierra de Zongolica. *** El doctor Mendizábal Pérez certificó que la mujer había fallecido por traumatismo luego de sufrir un ataque sexual, lo que siempre negaron el entonces presidente Felipe Calderón y quien fuera gobernador, Fidel Herrera Beltrán. Por negarse a modificar su informe médico, el médico forense fue inhabilitado. *** Apenas el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón al médico y responsabilizó de la muerte de Ernestina Ascencio al Estado mexicano. *** Jura la fiscal que no hay consigna para atacar a los comunicadores, sin embargo, la tarde de este miércoles, durante su comparecencia, el presidente de la comisión estatal de Protección a Periodista, Luis Ramírez Baqueiro, informó que tan sólo en 2025 se reportaron 391 agresiones a comunicadores, esto es, más de una agresión por día. *** Alguien no está haciendo bien su trabajo. A los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, no les está llegando con claridad la instrucción de no atentar contra la libertad de expresión, ni contra quienes ejercen el oficio del periodismo.
