Por José Alfredo Jiménez Rojas / Articulista invitado
Enero fue un mes de escándalos mediáticos en términos de gobernanza y liderazgo en varias instituciones educativas cercanas. Escaló el caso de la UPAV, una universidad golpeada por la corrupción el desfalco y la estafa. La intervención gubernamental, bajo cualquier propósito, desapareció de golpe una de las más de 30 universidad autónoma que existían en el país. El congreso aprobó que la UPAV pasara a ser directamente administrada por el gobierno estatal, lo que implica control completo del presupuesto, las contrataciones y su operación. Tres exfuncionarios fueron detenidos incluyendo al exrector. Una revisión histórica de lo que ha sucedido en la UPAV nos muestra que ya venía arrastrando malos manejos desde el 2010 cuando fue cuestionada la validez y el reconocimiento de sus títulos fuera de Veracruz. Luego en 2016-2017 tuvo señalamientos administrativos y financieros cuando instancias fiscales detectaron movimientos financieros irregulares y déficits en la institución. En el 2019 la SEV y la UPAV denunciaron a una asociación civil vinculada al uso de recursos de la universidad por mal manejo de casi 10 millones de pesos lo que ya reflejaba fallas en el manejo de las aportaciones estudiantiles. En 2025 resurgieron las protestas, esta vez de docentes y administrativos por salarios atrasados. Hubo fallas y colapso en la plataforma institucional, con estudiantes incluso dados de baja del sistema sin aclaración. Las protestas y denuncias de trabajadores y estudiantes fueron reclamos sostenidos durante más de medio año en 2025. Enero de 2026 marcó un punto crítico. Tras meses de denuncias, la Fiscalía General del Estado detuvo al exrector y a otros exfuncionarios por presuntos peculado, desvío de recursos y malos manejos financieros. Naturalmente se estimó necesario tomar el control desde el Estado, removiendo la autonomía de esta institución.
Otro caso sobresaliente en enero fue el de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM). El 12 de enero, el exrector José Alberto Abud Flores, fue detenido por agentes estatales bajo la acusación de posesión de drogas. Tras la detención, el Abud promovió un amparo federal alegando irregularidades en su destitución y violaciones a la autonomía de la universidad. Un juez de distrito otorgó una suspensión definitiva en favor de Abud, que, sobre el papel, anuló el nombramiento de la rectora suplente y dejó sin efecto su designación mientras se resuelve el juicio principal. Esto implicaría que Abud podría reasumir el cargo de rector durante el proceso legal. A pesar de la suspensión judicial, el propio José Abud ha desmentido públicamente que exista una orden firme para regresar a la rectoría y declaró que no ha promovido formalmente ese regreso, además de insistir en que su salida fue producto de una persecución política y una estrategia para debilitar la autonomía universitaria.
Por otro lado, y donde deseo aterrizar este análisis es en el caso de la Universidad Veracruzana. Ya todos sabemos que el 2025 fue un año de escándalo para la UV porque correspondía abrir la convocatoria para cambio de rector y la Junta de Gobierno no llevó a cabo este imprescindible procedimiento para la democracia universitaria. El rector compitió consigo mismo, la JG revisó los documentos de un solo candidato inventando un procedimiento inexistente en la normatividad universitaria –la prórroga. El candidato único no cumplía con el requisito de edad claramente establecido en la Ley Orgánica. Tras toda la oposición que surgió ante tal acto de ilegalidad e ilegitimidad, la UV ha recurrido a la discrecionalidad, la opacidad en sus procedimientos y finanzas, a la manipulación de los integrantes del CUG, a la compra de favores para acallar las voces opositoras, etc. ¿Qué hay que aprender de lo que ha sucedido con la UPAV y la UACAM?
- La autonomía no se proclama: se cuida con procedimientos. Cuando los procedimientos internos son débiles, opacos o discrecionales, la autonomía se vuelve vulnerable a la intervención externa (política, judicial o administrativa). En la UPAV, la acumulación de prácticas cuestinables permitió que el Estado asumiera, sin resistencias, el control directo de la institución. En la UACAM, a pesar de no tener señalamientos, el Estado intervino arrancando al rector e imponiendo a una substituta. La sede alterna y los procesos acelerados abrieron la puerta al litigio judial. La legitimidad procedimental (convocatorias claras, órganos competentes, sedes formales, actas completas) es el principal blindaje de la autonomía, incluso más que el discurso político.
- La legalidad importa tanto como la gobernabilidad. Una decisión “políticamente conveniente” pero jurídicamente endeble puede revertirse en tribunales y producir ingobernabilidad prolongada: suspensiones judiciales; autoridades paralelas; confusión institucional y desgaste reputacional. Toda decisión de alto impacto (prórrogas, omisiones, excepciones, instrauración de procedimientos no normados) debe resistir el control interno, el control judicial, y el escrutinio público.
- La opacidad financiera es el camino más corto a la intervención. Los problemas financieros no atendidos ni explicados evolucionan en denuncias penales, detenciones, pérdida total de autonomía. La rendición de cuentas no debe ser solo formal (auditorías cumplidas), sino comprensible para la comunidad, proactiva, y con capacidad de detectar riesgos antes de que se judicialicen. La narrativa de “todo está en regla” no sustituye la confianza verificable. No puede volver a suceder que a los consejeros se les circulen 13 diapósitivas sobre temas financieros y en CUG se proyecten 40 con información nueva solicitando respaldo sobre temas cruciales que no hubo tiempo de analizar. No podemos tener autoridades que argumenten que se ha gestionado el 4% del presupuesto sin mostrar cómo lo han hecho. Ese tipo de opacidad pone en riesgo a la universidad y manda mensajes hacia el exterior de que algo no está bien.
- Las crisis no gestionadas se vuelven crisis políticas
Tanto en la UPAV como en la UACAM, los conflictos no atendidos a tiempo (pagos, decisiones unilaterales, detenciones, nombramientos) escalaron rápidamente a crisis políticas. La gestión universitaria contemporánea requiere: lectura política del contexto, canales reales de escucha, y anticipación del conflicto, no solo reacción administrativa. La ausencia de diálogo temprano suele ser el detonante de la intervención externa. Preocupa que la UV mande el diálogo a espacios como foros y lo evite en espacios de discusión y toma de decisiones como el CUG.
- La autonomía sin legitimidad social es frágil. Cuando estudiantes, académicos y opinión pública dejan de creer en la autoridad universitaria, la autonomía pierde su principal defensa. La UV no está cuidando su capital simbólico, su credibilidad ética, y su imagen como institución que se gobierna con reglas, no con excepciones, ni con procedimiento inventados. La autonomía se defiende mejor con confianza social que con comunicados oficiales. Aunque priva el miedo a manifestar la opocisión por las represalias que ya hemos visto desde septiembre, hay una silenciada falta de credibilidad en la comunidad universitaria.
- El peor escenario: judicializar la vida universitaria. La UPAV y UACAM muestran que, una vez que jueces, fiscalías, o congresos entran a resolver conflictos universitarios, la universidad ya perdió control del proceso, aun cuando “gane” formalmente. Evitar la judicialización no significa impunidad, sino fortalecer controles internos, actuar con legalidad estricta, y corregir el rumbo y las decisiones a tiempo.
La Universidad Veracruzana debe aprender que la autonomía se pierde por acumulación de pequeñas ilegalidades (omisión de convocatorias, exepción en requisitos para ocupar cargos, cambio de sede sin avisar a los consejeros, impedir inconsistentemente la entrada a reuniones de los que llegan tarde, meter puntos cruciales sin previo aviso al órden del día de los consejos, ocultar información financiera), no por un solo acto. La legalidad procedimental es el verdadero escudo institucional, la opacidad financiera y decisional es una amenaza existencial, gobernar sin legitimidad social es gobernar en riesgo, toda excepción hoy puede ser un litigio mañana.
Martín aún está a tiempo de corregir las grandes y pequeñas ilegalidades que ha cometido. La lección resulta inquietante cuando se observa que sus homólogos han terminado detenidos. Su permanencia ilegítima e ilegal en la UV puede parecerle hoy un triunfo, pero el andamiaje endeble que la sostiene difícilmente lo protegerá en el futuro. Sus días en la rectoría están contados y el horizonte que se abre es incierto; la estructura y los personajes que lo protegen hoy, no estarán mañana.
