Xalapa, Ver., 17 de febrero de 2026.– La posibilidad de que Javier Duarte abandone prisión el próximo 15 de abril se torna cada vez más lejana. Un juez federal lo vinculó a proceso por su presunta participación en el desvío de cinco millones de pesos destinados a un programa social dirigido a personas en situación vulnerable en Veracruz.
Durante una audiencia que se prolongó por casi 11 horas, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos suficientes para acreditar su probable responsabilidad en el delito de peculado. De acuerdo con la imputación, los recursos federales habrían sido triangulados a través de cuentas bancarias operadas por colaboradores del entonces gobernador que laboraban en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Según la resolución, en diciembre de 2011 se publicó una gaceta oficial mediante la cual se avaló la operación administrativa que permitió que cinco de los 10 millones de pesos enviados por la Tesorería de la Federación a la Secretaría de Salud de Veracruz no fueran destinados al mejoramiento de dos hogares para personas vulnerables, sino canalizados a una cuenta concentradora de BBVA.
La FGR sostiene que el mecanismo consistía en redirigir recursos etiquetados a una cuenta donde se acumulaban fondos no ejercidos para su fin original y posteriormente utilizarlos en otros pagos, incluidos salarios y obligaciones diversas del gobierno estatal. Dictámenes periciales, estados de cuenta y el testimonio de un colaborador —Antonio Tareq Abdalá Saad— forman parte de los datos de prueba valorados por el juzgador.
Aunque el juez reconoció que no existe constancia de una instrucción directa de Duarte en la publicación referida, consideró que hay indicios de su relación con los funcionarios implicados, a quienes él mismo habría designado. Asimismo, estimó que el delito fue continuado entre 2012 y noviembre de 2014, fecha en que se cerró la cuenta bancaria involucrada.
Con ese criterio, el juzgador desechó el argumento de la defensa sobre la prescripción del delito. Señaló que, al tratarse de un ilícito continuado y considerando que la investigación de la FGR concluyó en agosto de 2018, la prescripción operaría hasta agosto de 2026.
Tras la resolución, Duarte declaró brevemente: “No me encuentro sorprendido. Ganó nuevamente la política sobre la justicia”. Su abogado, Pablo Campuzano, acusó irregularidades en la determinación judicial y adelantó que se analizarán las vías legales correspondientes, al señalar que no se precisaron modo, tiempo y lugar de la supuesta participación del exmandatario.
El juez impuso prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga y concedió seis meses para la investigación complementaria. De no prosperar una eventual apelación, Duarte permanecería en prisión al menos hasta finales de agosto de 2026.
Este sería el segundo intento fallido de obtener su libertad, luego de que en diciembre de 2025 le fuera negada la preliberación en la causa penal que compurga desde 2017 por asociación delictuosa y lavado de dinero.
