La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para eliminar privilegios en las jubilaciones y pensiones de exfuncionarios, particularmente de alto nivel, aunque aclaró que el Poder Judicial no será incluido en la propuesta.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria explicó que la iniciativa establecerá como límite que las pensiones de exservidores públicos no podrán exceder el 50 por ciento del salario del titular del Ejecutivo federal, con el fin de alinearlas a montos razonables y acordes con las capacidades financieras del Estado.
Sheinbaum señaló que esta medida permitiría un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos, recursos que serían canalizados a programas del bienestar. Subrayó que la reforma forma parte de un esfuerzo más amplio para erradicar prácticas heredadas de administraciones anteriores, en las que algunos exfuncionarios percibían beneficios superiores al salario presidencial.
“Este tipo de privilegios no solo es injusto, sino que también daña la percepción de la sociedad sobre la eficiencia del Estado y su compromiso con la equidad”, expresó.
Por su parte, Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló que la iniciativa se enmarca en una política pública orientada a garantizar transparencia, equidad y uso responsable del gasto público. Indicó que el objetivo es evitar que los recursos destinados a pensiones financien beneficios desproporcionados que impacten negativamente en las finanzas nacionales.
El anuncio se sustenta en datos difundidos previamente por el Gobierno federal. En agosto de 2025 se reportó que en Luz y Fuerza del Centro, 14 mil 73 extrabajadores recibían pagos anuales que en conjunto superaban los 28 mil millones de pesos, con montos mensuales que iban de 100 mil a un millón de pesos, algunos por encima del salario neto presidencial.
En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), más de 22 mil pensionados bajo el régimen de confianza representan un gasto anual cercano a 24 mil 844 millones de pesos, y al menos 544 personas perciben ingresos superiores al salario presidencial, con montos que en algunos casos equivalen hasta 39 veces la pensión promedio nacional.
La presidenta afirmó que esta situación evidencia la necesidad de reformar los esquemas de pensiones de exfuncionarios, al considerar que mantener beneficios elevados resulta insostenible frente a la realidad económica de millones de mexicanos.
La iniciativa, que ahora deberá ser discutida y eventualmente aprobada por el Congreso, también busca cerrar vacíos legales que permitían a altos mandos conservar pensiones excesivas aun después de dejar el cargo. Según el gobierno federal, la reforma no afectará derechos adquiridos establecidos en condiciones generales de trabajo, pero sí impedirá la asignación de nuevos beneficios desproporcionados.
Especialistas en políticas públicas consideran que la propuesta podría representar un paso hacia la racionalización del gasto en pensiones, un tema históricamente controversial por su impacto fiscal y por la percepción de desigualdad.
La reforma se integra a la estrategia del gobierno federal en materia de austeridad, transparencia y protección de los recursos públicos, con el objetivo de garantizar que los fondos destinados a pensiones se ajusten a criterios de equidad y sostenibilidad.
