La juez de control Patricia Sánchez Nava vinculó a proceso a Javier Tapia Santoyo, exsecretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio abusivo de funciones cuando se desempeñó como tesorero del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del ISSSTE; los delitos que se le imputan se castigan hasta con 18 años de prisión.
Desde finales de noviembre del año pasado, Tapia Santoyo fue suspendido temporalmente de su cargo como Secretario de Administración del Politécnico por instrucciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La juzgadora negó conceder la prisión preventiva justificada. La impartidora de justicia determinó que el Ministerio Público federal no demostró riesgos suficientes para la parte ofendida o víctima, como riesgo de fuga, que requieran la cárcel inmediata.
Lo anterior a pesar de que la fiscalía argumentó que el ex servidor público mostró identificaciones con dos domicilios diferentes en la Ciudad de México y otro en Guerrero, además de registrar 20 ingresos al país de 2020 al 2025 desde San Diego a los aeropuertos de Tijuana, Guadalajara y CDMX a través de las aerolíneas Air France, British Airline, American Airlines, Air Canadá y Aeroméxico.
Como medidas cautelares, la togada le prohibió salir del país, entregar pasaporte y visa, además tendrá que acudir a firmar cada mes.
Durante la continuación de la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente y que duró cuatro horas, la juzgadora concedió un plazo de cuatro meses que concluirá el 6 de julio próximo para la investigación complementaria de la defensa y la Fiscalía General de la República, que reunirán los datos de prueba que presentarán en el juicio por las acusaciones establecidas en la causa penal 673/2025.
La FGR imputó a Javier Tapia Santoyo por otorgar tres contratos por 11 millones de pesos a una empresa “facturera” cuando era tesorero del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
Los otros acusados son Roberto Alberto Rodríguez Briseño y María Dolores Arellano Semas, ex subdirector Médico y Finanzas del mismo hospital, a quienes la semana pasada también vincularon a proceso y se le impuso la misma medida cautelar, es decir, no salir del país y acudir a firmar de manera mensual.
En noviembre del año pasado el IPN informó que luego de recibir los oficios del 26 y 28 de ese mes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, referentes a la solicitud de aplicar una suspensión temporal contra Tapia Santoyo, al ser investigado por la presunta comisión de una falta administrativa grave de desvío de recursos y enriquecimiento oculto, previstos en los artículos 54 y 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), se giró la instrucción para aplicar la medida.
En aquella ocasión la institución detalló que el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, giró las instrucciones al Abogado General del Politécnico, Marx Yazalde Ortiz Correa, para “acatar la inmediata suspensión temporal de Tapia Santoyo, a partir del 29 de noviembre, mientras se realizan las investigaciones”.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal, los acusados adjudicaron dichos contratos a Interacción Biomédica, empresa que en 2017 fue incluida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la lista de empresas “fachada”.
Con información del diario LA JORNADA.
