Hora cero
El improbable regreso de los Tiburones
Luis Alberto Romero
En el futbol mexicano, pocas cosas son tan rentables como la nostalgia. Un escudo, unos colores, un nombre que todavía resuena en la memoria colectiva bastan para reactivar viejas lealtades y encender conversaciones sobre regresos improbables. Veracruz conoce bien ese mecanismo; el problema es que la nostalgia puede sostener una conversación pública, pero no corrige un expediente.
Eso es precisamente lo que ocurre con la marca Tiburones Rojos.
Mientras en el discurso se mantiene viva la posibilidad de un retorno, en los documentos aparece otra historia, la de una serie de actuaciones fiscales y judiciales sobre registros vinculados a la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A.C., empresa propiedad del ex diputado priista Fidel Kuri Grajales.
Se trata de oficios, declaratorias e inscripciones ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que dejan claro el embargo de la marca Tiburones Rojos.
La marca, el escudo y hasta los colores están sujetos a embargos, por lo que el regreso del equipo al máximo circuito del futbol nacional resulta imposible.
Recordemos que en diciembre de 2020 la autoridad fiscal solicitó la inscripción de embargo sobre diversos registros de la marca del equipo escualo; y pidió restringir cualquier operación posterior sobre ellos hasta que la autoridad ejecutora ordenara su levantamiento.
En el listado aparecen registros vinculados a Tiburones Rojos, del empresario Fidel Kuri.
En 2022, el procedimiento no solo seguía abierto, sino que se se reiteraba. Un nuevo oficio informó que la marca había sido embargada para hacer efectivo un crédito fiscal por 64 millones 164 mil 161 pesos. La propia declaratoria establece que los bienes quedaron formalmente embargados y que la autoridad continuaría con el Procedimiento Administrativo de Ejecución.
En pocas palabras, por el momento el regreso del equipo parece un engaño de la citada empresa a una afición sufridora, muy acostumbrada a las derrotas, a los descensos, y a los escándalos extracancha, como el relacionado con los adeudos a los jugadores.
Por si fuera poco, al problema fiscal se suma el mercantil; en 2024, dentro del expediente 40/2021, el Juzgado Décimo Quinto de la Ciudad de México documentó diligencias derivadas del juicio promovido por Azteca Novelas S.A.P.I. de C.V. contra la misma Promotora Deportiva. La solicitud incluyó la inscripción del embargo sobre marcas y derechos vinculados a esa empresa.
El punto de fondo es que cuando una marca deportiva se convierte en objeto de embargo, deja de ser solamente un símbolo afectivo y pasa a ser un activo comprometido; y esa condición modifica por completo la conversación pública. Ya no se discute solo la viabilidad de un proyecto deportivo, sino la disponibilidad legal de una identidad comercial que arrastra deudas, litigios y restricciones.
Por eso el caso de los Tiburones Rojos merece leerse con menos nostalgia y más atención documental, porque una cosa es evocar al club que fue parte de la vida pública de los veracruzanos, y otra muy distinta administrar la expectativa de su regreso cuando el nombre, el escudo y los registros aparecen atrapados en procedimientos abiertos.
Los pasivos de los Tiburones Rojos con el SAT y con Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, superan los 300 millones de pesos; no es poca cosa.
Hay, desde luego, una tentación recurrente en estos casos, creer que la fuerza de una marca puede imponerse sobre su realidad jurídica, pero el derecho mercantil y la autoridad fiscal rara vez se conmueven con la memoria de la grada.
Los documentos difundidos muestran registros específicos de “Tiburones Rojos” y “Tiburones Rojos Veracruz”, entre ellos el 1274678 y otros expedientes asociados a la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A.C.
Ese es, en el fondo, el problema de Fidel Kuri; no únicamente el tamaño de la deuda o la persistencia de los litigios, sino la distancia entre la narrativa y el archivo. En política y en deporte, a veces esa distancia puede disimularse durante un tiempo. En un expediente legal, no.
Ahí reside la lección más incómoda del caso; en México, las marcas deportivas pueden sobrevivir a la derrota, al descenso y hasta al abandono, pero no resisten una administración que las convierte en rehén de sus propias deudas y mentiras.
Romero Oropeza y la escandalosa fiesta en Villahermosa
Diversos espacios han difundido todo tipo de difamaciones con la finalidad de lanzar ataques y petardos contra la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, a quien intentan vincular con el escándalo de una lujosa fiesta de XV años en Villahermosa, Tabasco, la cual fue organizada por el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas.
A esa fiesta, que habría tenido un costo cercano a los 50 millones de pesos, asistieron artistas de la talla de Belinda, J Balvin y Galilea Montijo. De ese tamaño fue el derroche y la fortuna usada para la celebración.
Ese escándalo fue usado para el ataque contra la gobernadora, a quien intentan relacionar con Guerrero Rojas; sin embargo, no existe evidencia de esa relación; lo que sí existe es una cercana relación entre el empresario y el ex director del PEMEX, Octavio Romero Oropeza, quien durante la pasada administración le asignó millonarios contratos para su empresa Petroservicios Integrales de México SA de CV.
En pocas palabras, los contratos con los que se benefició a Guerrero Rojas no salieron de la Secretaría de Energía, que estuvo a cargo de la hoy gobernadora, sino de PEMEX, bajo la dirección de Romero Oropeza.
Por esa simple razón resulta contradictorio que Nahle García esté relacionada con el protagonista de este escándalo, a quien ubican como prestanombres de Octavio Romero Oropeza.
En El Universal, por cierto, uno de los medios que se ha caracterizado por una fuerte crítica hacia Rocío Nahle, se describe este lunes el entramado entre Guerrero Rojas y el ahora director del Infonavit.
@luisromero85
