Autoridades federales trasladaron a Mario Lindoro Elenes y a Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, a un penal federal de máxima seguridad como parte de una estrategia para reforzar el control sobre internos vinculados con el crimen organizado.
Ambos se encontraban recluidos en el Centro Federal de Reinserción Social número 2, desde donde fueron movilizados junto con otros reclusos considerados de alto perfil en un operativo coordinado entre corporaciones federales y estatales.
De acuerdo con autoridades de seguridad, el traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad para garantizar que la movilización se desarrollara sin incidentes.
El operativo incluyó el traslado de 16 internos vinculados con distintas organizaciones delictivas, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Organización Beltrán Leyva.
De ese grupo, 12 fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, considerado uno de los penales de mayor seguridad en el país y donde han estado recluidos algunos de los criminales más notorios de México.
Las autoridades señalaron que el traslado contó con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Según fuentes oficiales, la reubicación también responde a recientes incidentes de seguridad registrados en centros penitenciarios del estado de Jalisco, lo que llevó a reforzar las medidas de control dentro del sistema penitenciario federal.
Mario Lindoro Elenes y su hijo Mario Alfredo Lindoro Navidad fueron detenidos en diciembre de 2025 durante operativos contra estructuras vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Las investigaciones federales señalan que ambos formaban parte del entorno cercano de Iván Archivaldo Guzmán, identificado como uno de los líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”, vinculada al grupo criminal fundado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Tras su captura, fueron puestos a disposición de autoridades judiciales y posteriormente vinculados a proceso por delitos contra la salud, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Autoridades federales consideran que su traslado a un penal de mayor seguridad permitirá reducir el riesgo de que continúen operando redes criminales desde prisión y reforzar la vigilancia sobre internos ligados al narcotráfico.
