Xalapa, Ver.- Integrantes de la Brigada Nacional e Internacional de Derechos Humanos, acompañados por asesores jurídicos, ampliaron una denuncia pública por presuntas irregularidades en el municipio de Tehuipango, relacionadas con despojo de propiedad, afectaciones ambientales y posibles violaciones a derechos humanos.
En el marco de su movilización en la capital del estado, los manifestantes realizaron un bloqueo momentáneo de la calle Enríquez, frente al Palacio de Gobierno, como medida de presión para exigir la atención de las autoridades.
De acuerdo con la documentación presentada, el ciudadano Rogelio Tecpile Calihua cuenta con un título supletorio de dominio reconocido mediante resolución judicial emitida por el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zongolica, con fecha del 21 de junio de 2017, correspondiente al expediente 272/2016, lo que acredita la posesión legal del predio denominado “Zacatlaixco”.
El terreno, con una superficie aproximada de 8,722.50 metros cuadrados, presenta —según los denunciantes— una invasión de alrededor de 1,800 metros cuadrados, donde fue construida una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) desde 2006.
Señalaron que dicha infraestructura ha operado de manera irregular durante más de 18 años, lo que ha derivado en el vertido de aguas negras sin tratamiento adecuado, generando contaminación, malos olores y posibles afectaciones a la salud de la población cercana.
Asimismo, indicaron que el sitio ha sido utilizado como vertedero, agravando el impacto ambiental en la zona.
Los denunciantes aportaron coordenadas geográficas para ubicar el área en conflicto, con el fin de sustentar técnicamente la presunta ocupación indebida del predio por parte del municipio.
En este contexto, responsabilizaron al Ayuntamiento de Tehuipango por la construcción y permanencia de la planta dentro de propiedad privada, así como por no acreditar legalmente la posesión del terreno y permitir su funcionamiento irregular.
También señalaron que, pese a la asignación de recursos públicos para su mantenimiento en distintas administraciones, la planta continúa sin operar adecuadamente, lo que podría constituir omisiones y posibles responsabilidades administrativas.
De acuerdo con los asesores legales, el caso podría configurar delitos como despojo y daño ambiental, además de implicar violaciones a derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud, a la propiedad y a un medio ambiente sano.
El expediente incluye testimonios de habitantes, denuncias previas y evidencias sobre afectaciones a la salud, destacando además la condición de vulnerabilidad del afectado, quien es hablante de lengua náhuatl y no sabe leer ni escribir.
La problemática ha generado tensiones en la comunidad, donde se han registrado bloqueos de drenaje por parte de habitantes y el ingreso de personas externas al predio, lo que incrementa el riesgo de un conflicto social.
Adicionalmente, se alertó sobre un proyecto para la construcción de una nueva planta de tratamiento que podría atravesar terrenos particulares, situación que, según los denunciantes, ha generado presuntas presiones hacia los pobladores.
Ante este escenario, se exigió la intervención inmediata de las autoridades, incluyendo la admisión de la denuncia, la realización de inspecciones técnicas, la implementación de medidas para detener el vertido de aguas negras, la sanción a los responsables y el reconocimiento pleno del derecho de propiedad.
