Durante una exposición ante consejeros de Somos México, organización que busca el registro como partido político nacional, Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), afirmó que el debilitamiento de las poderosas organizaciones criminales del País depende de romper la protección política que reciben, con la detención de funcionarios y gobernadores que se aprovecharon de su cargo para enriquecerse.
Valdés Castellanos propuso un enfoque radical para debilitar estas estructuras delictivas, pues señaló que la persistencia y el poderío del crimen organizado en México no pueden entenderse sin analizar la intrínseca relación que, en ocasiones, establecen con esferas del poder político. Desarticular esta “simbiosis perniciosa” se perfila como la estrategia clave para erosionar la influencia de las bandas criminales y restaurar la tranquilidad en el país, apuntó.
EL VÍNCULO INDISOLUBLE: POLÍTICA Y DELINCUENCIA ORGANIZADA
Valdés Castellanos argumentó que la verdadera vulnerabilidad de las organizaciones criminales, desde cárteles con gran despliegue territorial hasta redes de delitos específicos, reside en el amparo y la “protección política” que consiguen establecer. Para él, existen dos frentes prioritarios en la lucha contra la inseguridad y la violencia: la desarticulación de los grupos criminales y la erradicación de los lazos que los unen con el poder público. Esto implica una acción contundente no solo contra figuras criminales de alto perfil, sino también contra todos aquellos “servidores públicos” que han traicionado su juramento para fomentar empresas criminales o enriquecerse ilícitamente.
ESTRATEGIA BIFRONTE: CASTIGO A CRIMINALES Y CORRUPTOS
Valdés subrayó la necesidad de una ofensiva simultánea. Por un lado, una acción federal enfocada en las “organizaciones criminales más poderosas” que operan a nivel nacional. Por otro, una persecución implacable de los políticos y funcionarios que, desde sus cargos de autoridad, facilitan o participan en actividades ilícitas. Esto abarca desde la complicidad en el tráfico de estupefacientes hasta la malversación de fondos o la omisión deliberada que permite operar a estos grupos. Romper esta “red de complicidad” es fundamental para que las organizaciones criminales pierdan su principal escudo.
DEL ENFOQUE FEDERAL A LAS POLÍTICAS ESTATALES FOCALIZADAS
Una vez que las estructuras criminales a gran escala y su infraestructura de protección política y policíaca hayan sido mermadas por la acción federal, el ex director del CISEN propuso una transición hacia “estrategias de seguridad estatales” altamente especializadas.
En su opinión, esta fase posterior permitiría a cada entidad federativa diseñar y ejecutar planes específicos contra los delitos que más les aquejan. Así, mientras algunas regiones podrían priorizar la lucha contra el secuestro o la extorsión, otras se enfocarían en el robo de transporte o la trata de personas, adaptándose a la realidad delictiva local y al tamaño de las bandas criminales que allí operan.
Además de esta estrategia central, otras consideraciones para una reforma de seguridad integral incluyen la posible duplicación del presupuesto en la materia, un proceso de “desmilitarización gradual” de la Guardia Nacional y la construcción de un consenso nacional sobre cómo afrontar de manera unificada la problemática de la inseguridad.
