Xalapa, Ver.— El abogado Eduardo de la Torre Jaramillo solicitó formalmente al Instituto Nacional Electoral ejercer su facultad de atracción para organizar el proceso de revocación de mandato en Veracruz, proponiendo que este se realice el primer fin de semana de junio de 2027.
En conferencia de prensa realizada en el café La Parroquia, el litigante expuso los fundamentos jurídicos de su petición, la cual definió como la “segunda fase” de este mecanismo de participación ciudadana en la entidad.
De la Torre Jaramillo argumentó que la solicitud se sustenta en la omisión del Congreso del Estado de Veracruz para emitir la legislación secundaria en materia de revocación de mandato, pese a que —aseguró— existe un mandato constitucional vigente.
“El Congreso ha incurrido en un incumplimiento al no legislar en la materia, lo que abre la puerta a que el INE intervenga en un caso extraordinario”, sostuvo.
El promovente explicó que, conforme a los criterios legales aplicables, la realización de este ejercicio requeriría la recolección de aproximadamente 600 mil firmas ciudadanas, equivalentes al 10 por ciento del padrón electoral en la entidad.
Para tal efecto, anunció la conformación de una estructura organizativa denominada “Revocación de Mandato Veracruz”, orientada a la integración de comités municipales y a la captación de apoyos ciudadanos mediante plataformas digitales.
Asimismo, detalló que el periodo de recolección podría desarrollarse tras el informe de gobierno, previsto para noviembre, con un plazo estimado de dos meses.
En caso de que el INE no dé trámite a la solicitud, el abogado adelantó que recurrirá a instancias jurisdiccionales mediante juicios de amparo y recursos ante tribunales electorales.
Durante su intervención, también emitió críticas hacia el funcionamiento de las autoridades electorales, al señalar presuntas deficiencias en la actuación institucional y la necesidad de reforzar su carácter ciudadano.
Finalmente, subrayó que la revocación de mandato constituye un derecho constitucional, por lo que insistió en la necesidad de garantizar su implementación en Veracruz bajo condiciones de legalidad y participación efectiva.
