DIGNIDAD DE ROCHA; INDIGNIDAD Y CARA DURA DE MARU (CIA) CHIHUAHUA.
JOSE LIMA COBOS*
Por su conducta se conoce a las personas y aún más cuando existe la obligación de transparentar sus actos o acciones, pues se es un servir público , que se está a la vista de la sociedad, no es tan solo responsabilidad cumplir con sus obligaciones constitucionales y esenciales , si no , y sobre todo de rendir cuentas de todos tus actos y no es perdonable alegar ignorancia en lo que su sucede en su entorno, de ahí que es saludable que el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya y el presidente municipal de Culiacán hayan solicitado licencia a sus cargos, a efecto de atender la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para que se ejecute una orden de detención para su extradición a ese país, toda vez que existe una denuncia , acusación o querella, sobre delitos que, por su gravedad, merecen de observarse con celeridad , es decir, impartir justicia rápida y expedita , como está establecido en el artículo 17 de nuestra constitución general de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin bien dichos servidores públicos gozan de inmunidad- fuero constitucional- que nuestras leyes les otorgan, y a efecto de estar en concordancia con los principios de presunción de inocencia y un debido proceso, se requería esa licencia al cargo y permitir que nuestro régimen jurídico pueda satisfacer las pretensiones de las autoridades y no violar las garantías constitucionales de los presuntos responsables, evidentemente se tienen que observar los elementos procesales y no viciar el procedimiento, luego entonces, la fiscalía tendrá autorización para la citación respectiva y se les pueda dar cuenta con los elementos que ofrece la autoridad reclamante y no dejarlos en estado de indefensión, esto es, ceñirse al espíritu exacto del ordenamiento vigente.
Si bien es de singular relevancia lo que estamos viendo, no menos cierto es que, de la desconfianza nace la seguridad , en consecuencia, si se quiere que el huevo no regrese al cascarón, la revoltura tiene que tener todos los ingredientes, porque la experiencia nos indica que muchos mexicanos han sufrido la arbitrariedad y el abuso de las autoridades norteamericanas y por ejemplo se tiene el caso del un doctor de Jalisco de apellido Margain que fue secuestrado por la CIA a resulta de la muerte de Camarena, acusándolo de torturas y después de diez años preso se le puso en libertad sin demostrarse ese delito , o bien , con el general Cienfuegos exsecretario de la defensa nacional que fue detenido en ese país y ante la protesta del presidente López Obrador se le puso en libertad y se devolvió al país, al exigirse prueba de supuesta responsabilidad en parecidos delitos y se demostró que todo fue una farsa montada por ese gobierno, luego entonces, si la mula no era arisca, en este caso se ve que existe perversidad o mala fe, pues se han violados los artículos que amparan una extracción, de acuerdo con los tratados signados por el gobierno mexicano y EEUU, esencialmente la secrecía, sin embargo, se evidenció una política injerencista de ese gobierno, cuando el Embajador Johnson, precisamente en Sinaloa, hizo pronunciamientos que dejaron mucho de una conducta diplomática.
No hay duda que es saludable para las repúblicas libres e independientes , si todos los gobiernos, de buena fe, contribuye para apoyar el combate a todos los delitos que se consumen en el mundo, sobre todo el del crimen a niños inocentes, o bien en tráfico de todos los niveles, porque ello haría posible una mejor convivencia, pero si lo que se quiere es desestabilizar a una nación en su política interna para sacar tajada económica, se tiene que condenarse en unidad mundial, pues ello no conduciría a fortalecer la paz y la concordia entre las naciones , engendrando más odio, rencor y desesperanza.
La licencia de los servidores públicos que, por dignidad, decoro y verguenza se enfrentan a un reclamo de un país en estas condiciones tan viciadas en ejercita una acción penal , que sin duda son de testigos protegidos por la corrupción que se esconde el tráfico criminal de las drogas, es de elogiarse, pues se abre el abanico ´para conocer a quienes ocupan cargos públicos de responsabilidad social, que tendrán que dar cuenta de su conducta, es decir, comenzado por dar a conocer su patrimonio y sobre toda ,.su procedencia lícita, pues es evidente que muchos saldrán raspados , luego entonces, se verá hasta donde llega la responsabilidad de quienes ejercen cargos de responsabilidad, aun que es fácil decir ¡”al ladrón , al ladrón!” como se vió con el presidente de Honduras, Orlando Hernández que, condenado a cuarenta años de prisión, el presidente Trump le otorgó el indulto, y además, apoyo para que en ese país gobernara un gobierno que está a su servicio.
Sin duda que las autoridades judiciales mexicanas estarán a la alturas de las circunstancias, en este requerimiento de extradición que, de manera abrupta se ha planteado,- aunque no se tiene confianza en el comportamiento de la CIA,DEA,FBI o demás instituciones de ese gobierno-, pues como se vio el secuestro de Zambada , hasta la fecha se haya dado una explicación , o bien el hecho de tener agentes de la CIA embozados – que si no mueren en un accidente, no nos enteramos de su existencia o bien en el caso de la gobernadora de Chihuahua, Marú Campos que haya firmado un documento que compromete al Estado mexicano, sin tener facultades para ello, es decir, clara traición a la patria que, al violar la constitución y la ley seguridad nación ameritan el juicio político, porque no pensamos que tenga la dignidad de solicitar licencia para que comparecer en los expedientes que necesariamente se tendrán que abrir, pues esa osadía no puede quedar en la impunidad.
En el caso del gobernador de Sinaloa y del presidente municipal, que han solicitado licencia para enfrentar la denuncia , -respetando su presunción de inocencia y debido proceso-, luego, si a juicio de la fiscalía existen pruebas suficientes y robustas seguir el proceso con normalidad acorde con la ley de extradición y en el caso del Senador de Morena que está señalado, no podrá citarlo la fiscalía hasta que se determine el juicio político y en cuanto a los demás señalados, se hará lo propio y la defensa seguirá su curso, hasta integrar el expediente y ya será la secretaria de relaciones exteriores quienes ordene lo procedente, después de atender todos los amparos que se promuevan.
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