- Canadá pide investigar el uso de bandas delictivas y la STPS recomienda notificar acoso a mineros ante el Ministerio Público.
La compañía canadiense Orla Mining, operadora de la minera Camino Rojo, anunció el relevo de Rafael Sánchez como director general de esa empresa en Zacatecas, como parte de las acciones “claves” asumidas luego de ser acusada por el panel del mecanismo de resolución rápida de controversias del T-MEC de haberse asociado, en 2024, con presuntos integrantes del cártel de Sinaloa para amenazar a trabajadores mineros, en perjuicio de sus derechos de libre asociación sindical.
En un comunicado emitido en Vancouver, con fecha 4 de mayo, la trasnacional dio a conocer que tomó “medidas concretas para salvaguardar los derechos laborales y abordar otras preocupaciones” en su mina mexicana, entre ellas relevar de su cargo al director general.
Por conducto de Jason Simpson, presidente y director ejecutivo de Orla Mining, la empresa propietaria de la concesión ubicada en el semidesierto de Mazapil afirmó: “estamos comprometidos a promover la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y a respetar plenamente sus derechos laborales… reconocemos la gravedad de las conclusiones del panel y estamos tomando medidas para fortalecer las operaciones de Camino Rojo”.
La minera –que abarca derechos de explotación y extracción en 138 mil hectáreas en inmediaciones de la comunidad de San Tiburcio– reconoció que estas acciones responden a la resolución emitida en marzo pasado por el panel del T-MEC, que concluyó que en Camino Rojo “se habían denegado derechos relacionados con la libertad de asociación y la negociación colectiva”.
Según Orla Mining, el panel reconoció previamente que la minera había adoptado medidas de remediación junto con el gobierno de México e identificó nuevas acciones para fortalecer la protección de derechos laborales.
En ese contexto, la empresa aseguró que colabora “constructivamente” con autoridades gubernamentales para atender las recomendaciones, garantizando “cumplimiento continuo, estabilidad operativa, seguridad de los trabajadores y respeto a sus derechos”.
Orla Mining adelantó que impulsará en su complejo minero la “neutralidad en asuntos sindicales”, acción a través de la cual “está tomando medidas para garantizar que este compromiso se entienda y se aplique de forma coherente en todas sus operaciones”.
Admitió que “como se reveló al final del segundo trimestre de 2025 (no indica dónde), Camino Rojo identificó pruebas de posible actividad criminal en la mina y contrató a un abogado externo para realizar una revisión exhaustiva, que ahora está prácticamente completada”.
La compañía notificó voluntariamente sus conclusiones a la Oficina del Fiscal General en México, a la Real Policía Montada de Canadá y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, y continúa cooperando con las autoridades.
CANADÁ PIDE INVESTIGAR USO DE BANDAS DELICTIVAS
La minera Camino Rojo en Zacatecas, acusada de utilizar al crimen organizado para amedrentar a sus trabajadores e intervenir en la vida sindical, será sujeta a una segunda investigación bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, ahora a petición del gobierno de Canadá.
Esta nueva indagatoria responde a una denuncia que presentó en noviembre de 2024 el sindicato United Steelworkers (USW) –que representa a 1.2 millones de trabajadores acereros de Estados Unidos y Canadá– y sobre la cual este último país apenas se pronunció hace una semana.
La petición de que se investigue el caso ya fue notificada por Canadá al gobierno mexicano y éste tiene 10 días para decidir si acepta darle entrada; en caso de que así sea, cuenta con 45 días para investigar las denuncias y presentar sus conclusiones, incluso un plan de remediación.
Como ha informado puntualmente el diario LA JORNADA, el actuar de la canadiense Orla Mining quedó acreditado a raíz de la primera denuncia que interpuso el Sindicato Nacional Minero también en junio de 2024 ante Estados Unidos, que derivó en un fallo en marzo pasado, el cual confirmó que sí había evidencia de que la empresa actuó con “aquiescencia” ante la violencia y amenazas de muerte de grupos criminales contra sus trabajadores para obligarlos a afiliarse a un gremio de “protección” patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.
PRESIONES DE AFECTADOS
Tras esta resolución del Panel de expertos del T-MEC, que por primera vez documentó una situación de este tipo, y ante las presiones de las organizaciones sindicales para que Canadá se pronunciara sobre la minera, finalmente el gobierno de este país solicitó al gobierno mexicano que realice las indagatorias.
“Se informa que el 28 de abril de 2026, de conformidad con el Artículo 31 – B.4.2 del Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México, Canadá presentó una solicitud para que México revise si a los trabajadores de Minera Camino Rojo, ubicada en San Tiburcio, Zacatecas, México, se les están negando sus derechos a la libertad de asociación y a la negociación colectiva”, indicó el gobierno canadiense al activar por primera vez el MLRR.
El Sindicato Nacional Minero ha advertido que esta práctica, de usar a grupos criminales para intervenir en la vida sindical, está siendo replicada en al menos tres compañías de capital canadiense en el país, para socavar los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.
Sobre las reiteradas denuncias de los mineros de la sección 335 de que la empresa Orla Mining, que opera en Zacatecas la mina de oro y plata, utilizó al crimen organizado para violentar sus derechos laborales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha enfocado en señalar que son asuntos que no competen al MLRR, pues, a su juicio, éste sólo debe abordar temas sobre la libertad sindical y la negociación colectiva.
Y LA STPS PIDE NOTIFICAR ACOSO A MINEROS ANTE EL MP
Luego de que, en el marco de su 44 convención nacional, frente a representantes de organizaciones gremiales internacionales, el Sindicato Nacional Minero ampliara su denuncia al señalar a más empresas mineras canadienses involucradas con el crimen organizado para intervenir en la vida sindical, la única respuesta que obtuvo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fue que ésta le pidió que presentara su querella ante el Ministerio Público para que éste inicie las investigaciones correspondientes.
En una breve nota informativa divulgada, la Secretaría del Trabajo federal señaló ayer que, de confirmarse estos lamentables hechos, constituirían una “grave vulneración” a la libertad sindical y a los derechos colectivos de los trabajadores, así como la probable comisión de delitos que deben ser perseguidos.
El lunes pasado, el líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, señaló que en otras empresas mineras –Plata Panamericana, en Zacatecas; Américas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa, y Torex Gold, en Guerrero– se replican las prácticas a las que recurrió la canadiense Orla Mining, en la mina Camino Rojo, en Zacatecas, de usar a grupos criminales para amenazar y coaccionar a los trabajadores.
Al respecto, la Secretaría del Trabajo advirtió: “en el marco de las aseveraciones del Sindicato Nacional Minero, informamos que se observa con la mayor seriedad la información relativa a posibles actos de infiltración del crimen organizado en la vida sindical y en operaciones de empresas mineras. De confirmarse estos hechos, no sólo constituyen una grave vulneración a la libertad sindical y a los derechos colectivos de las y los trabajadores, sino también la probable comisión de delitos que deben ser perseguidos con todo el peso de la ley”.
Por ello, hizo un llamado a que “las denuncias se formalicen ante las autoridades competentes, a dar vista al Ministerio Público para que éste pueda iniciar las investigaciones que correspondan”.
Aunque la STPS afirmó que coadyuvará con las instancias de seguridad y procuración de justicia para proteger a los trabajadores, esto no ocurrió en el caso de Camino Rojo, por lo que los mineros de la sección 335 se vieron obligados a recurrir a un panel del mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC.
De hecho, México rechazó la determinación de este mecanismo de controversias, ya que –a su juicio– el instrumento excedió sus alcances, al argumentar que pretendió analizar conductas de naturaleza penal.
Sin embargo, en el artículo 23.7 del capítulo laboral del T-MEC se establece la primera disposición vinculante relativa al combate de la violencia contra los trabajadores y los protege de la violencia física o de amenazas destinadas a impedir su participación sindical o el reclamo de mejores condiciones laborales.
Con información del diario LA JORNADA
