El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva orden ejecutiva para que limitar los servicios financieros y el acceso a crédito a los migrantes sin autorización para vivir o trabajar en ese país. El mandatario afirmó que el sistema financiero estadunidense ha sido utilizado para financiar actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de personas y el lavado de dinero.
“Mi administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera trasfronteriza ilícita, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero, que plantea la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación”, expone Trump en la orden ejecutiva publicada el 19 de mayo.
De acuerdo con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Research, la medida “tiene claramente una vertiente antimigrante del presidente Trump”, debido a que toca uno de los principales servicios financieros que usan los migrantes: el envío de remesas. No obstante, el especialista subrayó que la disposición tendrá un “efecto limitado” y no se traducirá en un desplome de estas transferencias familiares.
Serrano puso los datos en perspectiva: en Estados Unidos viven 12 millones de personas que nacieron en México; 8 millones de ellas ya son documentadas. A esto hay que sumar los mexicanos de segunda y tercera generaciones que nacieron en ese país y que por definición son ciudadanos estadunidenses. Así, la medida puede afectar a entre 20 y 25 por ciento de las personas que realizan transferencias familiares.
No obstante, “tampoco pensamos que todos van a quedarse sin enviar ayuda a sus familiares. Primero, porque está el recurso de pedir a algún amigo o familiar que sí esté documentado que haga el envío por ellos”, y en segundo lugar, porque hay otros canales para realizar estos envíos, como las fintech globales, explicó.
La orden asegura que las transferencias trasfronterizas de bajo monto se han utilizado para facilitar o financiar “terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales”. Añade que, de acuerdo con análisis de inteligencia, se han detectado “centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo en Estados Unidos, vinculados a cárteles con base en México”.
Serrano subraya en entrevista que “no existe evidencia de que las remesas sean un canal significativo de lavado de dinero”; primero, porque la gran mayoría de estas transacciones se envían por canales electrónicos, donde se identifica tanto al emisor como al receptor, y en segundo porque casi todos los envíos no superan mil dólares.
“La absoluta mayoría de las remesas son de montos menores a mil dólares; el promedio de remesa es de 350 dólares. Si en realidad estuviéramos viendo operaciones de lavado de mayor escala, los envíos serían mayores. Hacerlo con envíos de 350 dólares sería sumamente caro y complejo: requeriría millones de personas empleadas por el crimen organizado.
“Desde luego, puede haber casos, como en cualquier otra actividad económica, pero no creo que las remesas se estén utilizando de manera significativa para una operación de lavado”, zanjó Serrano.
La orden ejecutiva marca una serie de plazos para su aplicación; dentro de los 90 días siguientes al 19 de mayo, el secretario del Tesoro propondrá modificaciones a los reglamentos de aplicación de la Ley de Secreto Bancario para fortalecer los requisitos del programa de identificación de clientes; es decir, los bancos podrán pedir pruebas de estatus de residencia y permisos de trabajo a quienes soliciten sus servicios.
Con esta medida, subraya, se busca mejorar los programas de identificación de clientes, con el fin de mitigar riesgos para el sistema financiero, al tiempo que se llamará a los bancos y otras instituciones financieras a tener más controles en la concesión de hipotecas, préstamos para compra de automóviles, tarjetas y otros créditos al consumo a la población migrante “sujeta a deportación”.
Serrano considera que esta orden puede ser contraproducente para Estados Unidos; “primero, porque se pierda parte de la actividad económica, pero sobre todo porque esto puede resultar en incentivos para que se envíen recursos por fuera del sistema financiero regulado. Eso es peor para Estados Unidos. No descarto que en estos 90 días las instituciones de Estados Unidos, intenten suavizar la medida. Eso ya ocurrió. Se había amenazado con un impuesto a las remesas de 10 por ciento; después bajó a 5 y luego quedó en 1 para aquellas que no sean digitales”.
Con información del diario LA JORNADA.
