Punto de Vista
* Persisten los “jueces de consigna”
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Ya no basta con un “estamos investigando”: ya no es suficiente con un par de cateos y la detención -y “siembra” de evidencias- de personas a las que pretenden imputar. *** El gremio periodístico en Veracruz no quita el dedo del renglón: Roxana Guzmpan debe aparecer y lo debe hacer viva. Ya estamos en la segunda semana desde su secuestro y la Fiscalía de Veracruz no ha sido capaz de resolver el caso. *** Este miércoles la organización Artículo 19, dedicada a la defensa del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión, emitió un comunicado en el que conmina a las autoridades tanto estatales como federales, como la FGE Veracruz, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y la Guardia Nacional a “mantener los procesos de búsqueda activos en conjunto con las comisiones de búsqueda tanto estatal como federal”, y urge a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas a “mantener su coordinación para la continua implementación de medidas de protección para la familia de la periodista”. *** En su recuento de los hechos, Artículo 19 advierte que, a pesar de que Fiscalía de Veracruz informó el mismo día que tuvo conocimiento de los hechos e inició una carpeta de investigación, el gobierno del estado de Veracruz no hizo mención pública sino hasta dos días después. *** “Las autoridades estatales señalaron que realizan diligencias para su localización. A pesar del despliegue policial y ministerial, hasta el momento la FGE no ha emitido ninguna actualización favorable sobre la localización de Roxana”.*** En las horas posteriores al secuestro, en redes sociales se desató una lluvia de historias que cuestionaban laintegridad de la víctima. Ante el rechazo unánime del gremio, esas publicaciones cesaron. *** Se sabe de algunos cateos, de la detención de algunas personas, pero también quedó en evidencia el desaseo con el que actuaron los elementos de la Policía Ministerial. *** Lo quiera, o no, admitir, la búsqueda y hallazgo de Roxana Guzmán es fundamental para calificar el interés de la gobernadora Rocío Nahle en la protección a los periodistas y el respeto a la libertad de expresión. Por casos similares crucificaron a Javier Duarte.
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En otros tiempos, antes de la reforma judicial, era común que desde una oscura oficina del Tribunal Superior de Justicia se comunicaran con los jueces distribuidos en toda la entidad. Sin rodeos, de manera directa, el juzgador recibía instrucciones sobre determinados casos que estaban bajo su tutela.
En el sexenio de Cuitláhuac García, luego de que desde palacio de gobierno se operó la expulsión de la magistrada Sofía Martínez Huerta, muchas de las instrucciones que recibían los jueces iban en el sentido de respaldar las imputaciones que presentaba la fiscalía estatal, sin importar si no estaban bien sustentadas.
Quienes recibían esas instrucciones y las acataban fueron conocidos como “los jueces de consigna”.
En septiembre del año pasado, en este mismo espacio, se hizo referencia a esas prácticas que atentaban contra los principios fundamentales de la impartición de justicia.
Aquí se revivieron pasajes oscuros:
“… los jueces no atienden instrucciones directas del gobernador. Es más: ni siquiera son órdenes que emita la propia magistrada presidente. Para eso Aurelia Jiménez ocupa a sus dos colaboradores más cercanos: David Cardeña Ortega, su secretario particular, y Víctor Priego López, secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, el mismo que ‘le puso un cuatro’ a la jueza Angélica Sánchez, al citarla en su oficina para que pudiera ser detenida por elementos de la policía estatal”.
Y se recordó otro momento vergonzoso para el Poder Judicial. A propósito de un escándalo provocado por el juez de control Mario Armando Aran López en Tuxpan, se advirtió:
“El tema pudo quedar en las páginas de escándalos de la sociedad tuxpeña, pero en todas las crónicas que se manejaron sobre ese hecho se puso especial énfasis en la ‘cercanísima’ relación del juez de marras con las más altas esferas del Poder Judicial del Estado (PJE). No sólo -dicen- es protegido de la magistrada presidente Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, sino que goza de la amistad (hay quienes sugieren que complicidad) del secretario particular de esa funcionaria, David Cardeña Ortega, y del secretario de acuerdos del Consejo de la Judicatura estatal, Víctor Priego López”.
Bueno, pues la mala noticia es que las cosas no cambiaron con la reforma judicial. Hoy no es David Cardeña -reubicado en la Dirección de Asuntos Jurídicos- sino Víctor Priego López, quien desde su posición de integrante del Órgano de Administración Judicial mantiene el control de los jueces de la entidad.
Hay testimonios de abogados litigantes que se han topado con posturas intransigentes de los juzgadores y han podido constatar que las resoluciones se negocian en Xalapa, desde donde sale la “línea” para definir el sentido de las sentencias.
Quienes conocen desde hace tiempo a Víctor Priego recuerdan que escaló posiciones a partir de su cercanía con la actual diputada local Dorheny García Cayetano, cuando ella se desempeñaba como secretaria del Trabajo y más adelante logró ubicarse en el Poder Judicial de Veracruz, donde encontró una “mina de oro”.
Su problema ahora es que la gobernadora Rocío Nahle giró instrucciones para que se investigaran -y se llegara al fondo – los recurrentes fraudes que realizan servidores públicos en colusión con jueces y notarios, en lo que se conoce como “cártel inmobiliario”.
Muchas de esas fraudulentas negociaciones tienen un origen bien definido y se ubica en una oficina del Poder Judicial del Estado.
Hay expedientes muy bien detallados de funcionarios del Poder Judicial, jueces, secretarios de acuerdos, notarios y corredores inmobiliarios. Muy pronto empezarán a rodar cabezas.
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Epílogo.
Por más que lo pretendan esconder con cifras maquilladas, la violencia en Veracruz sigue sin freno, las autoridades poco pueden -o quieren- hacer al respecto. *** La madrugada de este miércoles, en Yanga, un abogado fue asesinado a balazos mientras asistía a un velorio. *** La víctima,identificada como Leopoldo Lara, de 42 años de edad, acompañaba a familiares y amigos cuando varios sujetos le dispararon en repetidas ocasiones y se dieron a la fuga. *** Yanga es un municipio sin ley. La Policía Municipal carece de armamento y la presencia de la corporación estatal es escasa y esporádica. Como ese municipio hay muchos más en Veracruz, un paraíso para los grupos criminales.
