La Asociación de Jubilados de Confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer los avances de la reunión sostenida con autoridades de la empresa petrolera la mañana de ayer miércoles.
En un comunicado, la asociación señaló que como parte de los acuerdos, “por disposición del Ejecutivo federal, a partir de la primera quincena de julio la pensión máxima a pagarse será de 134 mil 290 pesos mensuales”, y que también se prevé que en la tercera semana de dicho mes se realice “una nómina extraordinaria para cubrir las diferencias entre los montos pagados y el nuevo tope establecido”.
Pese a que la asociación reconoció los avances en el diálogo con las autoridades, aseguraron que su lucha continúa y que seguirán “impulsando las acciones legales, institucionales y sociales necesarias hasta lograr el pleno respeto a nuestros derechos y la no aplicación retroactiva de la reforma”.
El anuncio se hizo ayer luego de que un grupo de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizara una protesta a las afueras de la Secretaría de Gobernación en demanda de una reunión con autoridades federales para plantearles que se suspendiera la aplicación de la reforma constitucional que limita las llamadas pensiones doradas de ex servidores públicos.
Los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados también exigían que se impulsara una iniciativa para eliminar la retroactividad del artículo 127 de la Carta Magna.
Antonio Vega, jubilado de la CFE, explicó que los manifestantes buscaban una audiencia con la Secretaría de Gobernación para que las autoridades definieran nuevas fechas de reunión y dieran continuidad al diálogo.
Recordó que dos semanas atrás sostuvieron reuniones de acercamiento con funcionarios federales, en las que, dijo, sus planteamientos fueron escuchados.
El vocero de la Alianza detalló que sus demandas se centran en tres puntos: la restitución de derechos y prestaciones que consideran les fueron retirados de manera injusta; la suspensión de la aplicación de reforma; y la continuidad de mesas formales de negociación.
Una comisión será recibida para fijar las fechas de sus próximas reuniones.
Los jubilados exigieron certeza jurídica, ya que al aplicarse la retroactividad “violenta” sus derechos adquiridos.
(Con información del diario LA JORNADA)
