La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda por presuntos actos de triangulación de recursos públicos (casi mil millones de pesos) a empresas relacionadas con el mandatario estatal, así como por corrupción.
En una sesión de la comisión, con seis votos a favor por parte de los legisladores de las bancadas del PRI, PAN y sólo una integrante de Morena, así como uno en contra por parte de Movimiento Ciudadano, se avaló que la solicitud pasará al pleno; se le dará al gobernador un plazo de 15 días hábiles (23 de junio) para que rinda declaración, ya sea de manera presencial, por escrito o por medio de un abogado.
El pasado 8 de junio, la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, junto con representantes y aspirantes a la gubernatura del estado por ese partido, presentó la solicitud de juicio político contra García Sepúlveda basándose en evidencia periodística.
En caso de que siga el procedimiento como lo establece la ley, la Comisión Anticorrupción plantea que la solicitud pase al pleno del Congreso en agosto, donde se tomará la decisión de la declaración de procedencia definitiva; se deberá contar con al menos 28 votos de los 42 diputados locales, y luego se le notificará al Tribunal Superior de Justicia para que haga la evaluación correspondiente.
Esta es la cuarta petición de juicio político que el Congreso estatal promueve contra García Sepúlveda; el primero se promovió en 2022 cuando no presentó en tiempo el Paquete Fiscal 2023 y fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual declaró que el juicio era totalmente válido, pero el Legislativo no tiene la facultad para destituirlo de su cargo. Sin embargo, obligó al mandatario a presentar el Presupuesto.
SUPREMA CORTE INVALIDÓ PUBLICACIÓN DE DECRETOS
La segunda petición fue en 2023 cuando no publicó los decretos, reformas e iniciativas aprobadas por el Legislativo, situación que también escaló hasta la SCJN, la cual dictaminó como inválida la publicación de los decretos legislativos 340, 341 y 342 luego de que la Legislatura los publicó en su propia Gaceta.
Concluyó que el Congreso de Nuevo León no tiene la facultad de dar vigencia a las normas por esa vía, lo cual implica una invasión a las facultades exclusivas del mandatario estatal.
En 2024 se registró la tercera solicitud, luego de las elecciones de la alcaldía de Monterrey, en donde se acusó al titular del Ejecutivo de intervención e inequidad en el proceso electoral por el presunto uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad por promover a su esposa y titular de “Amar a Nuevo León”, Mariana Rodríguez, a la fórmula del Senado de Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Herrera, así como la campaña presidencial del actual coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, con la rifa de una camioneta Cibertruck.
Con información del diario LA JORNADA.
