Tras nueve años preso, Roberto Borge Angulo, ex gobernador ex priista de Quintana Roo, abandonó ayer el penal de Morelos para llevar en prisión domiciliaria su proceso penal por lavado de dinero, el único que tiene pendiente, informaron fuentes federales.
Borge, detenido en Panamá en 2017, dejó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), luego de que en mayo fuera absuelto del delito de delincuencia organizada por un juez federal.
Ahora sólo está acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado en dinero) en el que se le dictó prisión domiciliaria, misma que se hizo efectiva luego de que se le colocara un brazalete electrónico y se le impusieran diversas restricciones.
En 2023, un juez federal concedió a Borge Angulo prisión domiciliaria en el proceso que se le sigue por lavado de dinero y se le autorizó el uso de brazalete electrónico y una garantía de 10 millones de pesos.
En ese año, el ex priísta fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR), por el ocultamiento del origen, destino, movimiento, propiedad y titularidad de 22 bienes inmuebles de la reserva territorial, entonces administrada por el Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE). Sin embargo, fue absuelto.
Tras ser perseguido por la extinta PGR, el exmandatario de Quintana Roo huyó a Panamá, donde fue detenido y en enero de 2018 extraditado para enfrentar la justicia mexicana.
Igualmente, tiene abierta la causa penal por el delito de lavado de dinero que involucran la venta irregular de 25 inmuebles con un valor de mercado de unos 5 mil millones de pesos.
Mientras, logró echar abajo acusaciones del fuero común relacionadas con delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.
ACUSACIONES PREVIAS
Al término de su mandato, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) acusó al ex gobernador Borge Angulo de cometer irregularidades que causaron un daño total de 900 millones 99 mil 418.17 pesos al erario, durante su administración en Quintana Roo.
Al ser presentado ante un juez de control del Centro de Justicia penal federal en el Estado de México, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, la PGR le imputó al exmandatario haber cometido operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultamiento de bienes cuyo origen es ilegal.
En la causa penal número 381/2017, la PGR indicó que Roberto “N”, apoyado por personas de su confianza tales como familiares, amigos y ex servidores públicos; ocultó o pretendió ocultar bienes adquiridos de manera ilícita.
La dependencia aseguró que el ex priísta supuestamente enajenó a precios inferiores 22 predios que formaban parte de la reserva natural del estado de Quintana Roo, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), encabezado por Claudia Romanillos, para beneficiar a prestanombres y empresas fachada del exgobernador.
“El señor, Roberto Borge estructuró a las personas para realizar el delito que se le imputa. Para precisar, ideó y ejecutó el plan para la adquisición y enajenación para el ocultamiento de los predios con ayuda de otros, por lo que es coautor”, indicó el fiscal encargado del caso.
La extensión total de los 22 predios es de 8 millones 561 mil 959 metros cuadrados, dos veces la superficie de Isla Mujeres y 10 veces la del terreno que comprende el destino turístico de Xcaret.
Con información de Manuel Espino, de EL UNIVERSAL
