Punto de Vista
* Manipular el caso Roxana
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
La abogada Luz María Jonguitud Escudero insiste en litigar en sus redes sociales. *** Acusada de usurpación de funciones y de despojo, la profesional del derecho se asume como “víctima” y narra desde sus cuentas personales el “tormento” que está pasando “por hacer su trabajo”. *** Luego de su primer mensaje, en el que se dijo “sorprendida” por haber sido citada a comparecer ante un juez en calidad de indiciada, la abogada difundió el apoyo que -dijo- le han brindado agrupaciones de abogados y los momentos de angustia que ella misma vivió (“hubo un momento sentí que caminaba sobre un precipicio”), aunque en ningún momento hizo referencia a los hechos que motivaron las imputaciones en su contra. *** Se refirió de manera superficial a las medidas cautelares que fueron impuestas por el juez una vez que ella se acogió al plazo constitucional ampliado, pero no mencionó que la Fiscalía solicitó que a la abogada le impidieran seguir litigando en tanto se definía su situación jurídica. *** La petición no fue aprobada por el juzgador, pero el proceso sigue y a la parte acusadora se han acercado otras personas que dicen haber sido afectadas por el desempeño profesional de la abogada Luz María Escudero, esencialmente en temas vinculados con conflictos inmobiliarios. *** Muy pronto conoceremos los argumentos jurídicos con los que justificará su falsa ostentación como servidora pública y las razones de su presencia en un predio ajeno a su cliente.
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La desaparición de la periodista Roxana Guzmán, sustraída de su hogar hace más de 20 días en Nanchital, dejó de ser un tema relevante para el gobierno de Veracruz, porque “el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Producto de las investigaciones de la instancia federal, el pasado fin de semana se realizaron operativos en Coatzacoalcos y en la comunidad “Emiliano Zapata”, en los límites entre los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán.
El trabajo conjunto de la Policía Ministerial Federal y la Secretaría de Marina arrojó la detención de seis personas. Una de ellas – José del Carmen Cadena Escayola- señalada de participar de manera directa en el “levantón” de Roxana Guzmán. Otra detenida fue su pareja sentimental, Karen Montserrat Cortés Morales.
En estos dos casos parece estar clara su participación en los hechos, pero nadie ha sabido explicar cuál fue el papel que habrían jugado los cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste (un comandante y tres subalternos).
Este lunes, familiares de esos 4 policías municipales se manifestaron en el entronque de la carretera Transístmica con dirección a Nanchital. Exigen que el proceso judicial sea apegado a la Ley y que se realice en Coatzacoalcos, pues los uniformados fueron trasladados al penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes.
Y es que, en la audiencia inicial contra estos cuatro policías, celebrada el sábado en el Centro Integral de Procuración de Justicia de Coatzacoalcos, un Juez calificó de legal su detención dentro de la causa penal 343/2026, pero todos ellos fueron señalados por “delitos contra la salud”.
Ninguna referencia a la desaparición de la periodista.
Ajeno a la estrategia jurídica y a las investigaciones de la FGR, el gobierno del estado ha optado por capitalizar el suceso en lo político. De pronto las plumas al servicio de la administración estatal “se acordaron” de que Nanchital (municipio de donde fue secuestrada Roxana Guzmán) e Ixhuatlán del Sureste (municipio donde trabajaban los 4 policías detenidos) son gobernados por representantes de Movimiento Ciudadano (MC).
Dejan el dato ahí, sin atreverse a hacer señalamientos concretos, pero vinculando la filiación partidista con hechos delictivos que han tenido repercusión nacional. Evaden mencionar -por supuesto- que la responsabilidad de la seguridad en Veracruz es del gobierno estatal y que tuvo que ser la administración federal la que llegara al fondo de este caso.
Lo lamentable de este asunto es que ya a la gobernadora Rocío Nahle poco le importan las condiciones de vulnerabilidad del ejercicio periodístico en la entidad. Para ella lo relevante es evadir cualquier responsabilidad y si de paso se le puede endosar la factura a la oposición incómoda, mucho mejor.
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Epílogo.
Conforme pasa el tiempo, la gobernadora Rocío Nahle va mostrando su verdadero rostro. *** Cuestionada sobre el nombramiento de Rachel Guadalupe Hernández como directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación, luego de haber sido exhibida cometiendo acoso físico y laboral contra una empleada en la Dirección de Catastro, la gobernadora cortó de tajo el tema: “Yo la mandé (…) Rachel es una persona preparada, muy capaz, y yo soy la que la envié. Por su problema personal con otra chica, se le separó de su centro de trabajo”. *** En palabras lisas y llanas: “este es mi gobierno y aquí yo mando… y háganle como quieran”.
