En una votación de sólo cinco minutos y sin debate, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aprobó ayer los nuevos lineamientos en materia de informes de evolución patrimonial y de eventuales conflictos de interés, que deben presentar los funcionarios de la auditoría, así como las sanciones por omisión en sus reportes.
El acuerdo se avaló en la víspera de que el auditor Aureliano Hernández Palacios haga la primera entrega de informes de la cuenta pública 2025 a la Cámara de Diputados, que corresponde al primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El documento se aprobó con un solo legislador presente en la reunión, Carmelo Cruz, de Morena, así como la secretaria técnica, Monserrat Ayala, pues el resto de los integrantes de la comisión, incluido su presidente, Javier Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México, acudieron por vía remota.
De acuerdo con las nuevas disposiciones, la Unidad de Evaluación y Control (UEC) tendrá atribuciones en materia de recepción de los reportes de los auditores y directivos de la Auditoría Superior de la Federación, su resguardo y seguimiento, así como la revisión aleatoria de la información, con objeto de detectar cualquier anomalía en la evolución de los bienes de los servidores públicos del ente fiscalizador.
En el documento se precisa que, como parte de la información que deben incluir los funcionarios al presentar sus declaraciones de situación patrimonial, está la declaratoria sobre posibles conflictos de intereses con motivo de las actividades que desempeñan o han desempeñado en la propia ASF.
Con estos datos, la UEC –el órgano de la Cámara de Diputados que supervisa a su vez a la ASF– “procederá, en el ejercicio de sus atribuciones, a identificar en el ámbito tanto preventivo como correctivo, posibles situaciones o conductas irregulares respecto a las obligaciones que establece la ley”, define.
También advierte que, cuando los funcionarios no presenten su declaración de situación patrimonial de inicio, de modificación y de conclusión del encargo, dentro del plazo correspondiente sin causa justificada, se iniciará un procedimiento de investigación por presunta responsabilidad y se requerirá al declarante el cumplimiento de dicha obligación.
Respecto del proceso de verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales y de intereses, se prevé que, con los datos aportados por los funcionarios, se constate “que los incrementos en el patrimonio de las personas servidoras públicas de la ASF sean congruentes con sus ingresos declarados”.
Se define que, “en cualquier momento”, la UEC podrá solicitar copia de la declaración del ISR, así como constancia de percepciones y retenciones que emita la propia ASF para verificar la información patrimonial. Cualquier anomalía “será sancionada conforme a la ley”, indica.
Con información del diario LA JORNADA
