Una jueza federal declaró hoy a TV Azteca en concurso mercantil, con lo que inició el periodo de un año para buscar un acuerdo con sus acreedores, o de lo contrario, será declarada en quiebra.
Tessy del Rocío Covarrubias Torres, jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles, resolvió que la empresa de Ricardo Salinas Pliego está en la situación de insolvencia prevista por la ley, ante el incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago.
TV Azteca anexó a su petición de concurso una lista de mil 970 deudas, que suman 23 mil 345 millones de pesos, 147 por ciento más que los 9 mil 449 millones que debía al cierre de 2022.
Los principales acreedores son tenedores de deuda emitida en Nueva York, a los que la empresa reconoció debe 9 mil 178 millones de pesos. Sin embargo, la semana pasada estos acreedores demandaron a una Corte Federal de Nueva York dictar sentencia sumaria contra TV Azteca o contra múltiples filiales, para el cobro de 663 millones de dólares por capital e intereses no pagados desde 2021, monto que equivale a unos 11 mil 600 millones de pesos.
TV Azteca también reconoció una deuda de 4 mil 90 millones con Alter Bank, un “banco alternativo” de la isla caribeña de Santa Lucía, que le prestó el dinero poco antes de promover el concurso mercantil en marzo.
Según los tenedores de la deuda en Nueva York, este préstamo es fraudulento y tiene el único objetivo de desplazarlos como acreedores preferentes, por lo que presentaron un recurso en Miami para que ejecutivos de Alter Bank declaren y presenten todos los documentos de su relación con TV Azteca.
Esta última justificó el préstamo de Alter Bank como un financiamiento urgente para seguir operando, luego de que tuvo que pagar al SAT créditos fiscales por 8 mil 492 millones de pesos.
En tanto, mil 897 millones de pesos que la televisora debía a Banco Azteca ahora son controlados por Numchi Servicios, una gestora de cartera vencida.
En la demanda de concurso, las deudas con Alter y Numchi estarían garantizadas por las concesiones y otros activos, mientras que los bonos emitidos en Nueva York aparecen como “deuda común sin garantía”, para la cual TV Azteca propone una quita de hasta 90 por ciento.
Alrededor de 3 mil 500 millones de pesos son deudas con otras empresas de Salinas Pliego, que no tendrán derecho a votar una eventual propuesta de reestructura de la deuda. Por lo pronto, la jueza ordenó designar al conciliador que llevará la negociación con los acreedores, y dictó el arraigo de los miembros del Consejo de Administración de TV Azteca, pero esta medida solo es para el efecto de que no salgan de la Ciudad de México sin dejar designado a un apoderado que los represente.
La ley ordena que, tratándose de concesionarios de radiodifusión, el conciliador debería ser propuesto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), pero la jueza consideró que esa regla no aplica en este caso, porque TV Azteca SAB no es la titular de las concesiones, sino otras razones sociales que no promovieron concurso.
“Se ordena a la comerciante suspender el pago de los adeudos contraídos con anterioridad a la fecha en que surta efectos esta sentencia; salvo los que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa, incluido cualquier crédito indispensable para mantener la operación ordinaria de la empresa y la liquidez necesaria durante la tramitación del concurso mercantil, respecto de los cuales deberá informar dentro de las 72 horas siguientes de efectuados”, determinó la jueza.
“Se ordena que durante la etapa de conciliación sea suspendido todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos de la comerciante”, agregó la impartidora de justicia.
Según se precisó, esta orden solo protege a TV Azteca, no a otras filiales o razones sociales relacionadas.
Y ENTREGA AL SAT ABONOS CHIQUITOS
Hace más de cinco meses, la Secretaría de Hacienda informó que Grupo Salinas pagaría 32 mil millones de pesos que se le adeuda al SAT, de los 51 mil millones previstos, es decir, un descuento del 37 por ciento.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, conforme al Código Fiscal de la Federación y resoluciones judiciales aplicables, se logró el compromiso de pago por un total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De esa cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos fueron ingresados el 29 de enero pasado a la Tesorería de la Federación.
“El monto restante será cubierto mediante 18 pagos”, precisó el SAT en la tarjeta informativa oficial, sin detallar el nombre del grupo empresarial.
El SAT subrayó que este ingreso responde al cumplimiento de disposiciones fiscales y decisiones judiciales firmes.
En tanto, Grupo Salinas informó que, tras más de dos décadas de disputas jurídicas, concluye sus litigios fiscales con el Gobierno de México.
A través de un comunicado, el corporativo del empresario Ricardo Salinas Pliego manifestó que, aunque se encuentran en “profundo desacuerdo” con el cobro, han decidido pagar para dar por terminada lo que calificaron como una “sistemática campaña” y persecución en su contra.
“En los últimos 20 años, nuestras empresas han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Nadie puede negar que cumplimos con México”, apuntó.
“Ahora, a pesar de estar en profundo desacuerdo, deberemos pagar aún más. No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra”.
Con este acuerdo, el grupo asegura que no restará ningún adeudo pendiente con el Gobierno por ningún concepto.
“Con este pago –que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024– habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”, indicó.
En enero, el corporativo de Salinas Pliego dijo que tuvo que solicitar un “crédito urgente” por 290 millones de dólares a Alter Bank, un banco con sede en la isla caribeña de Santa Lucía.
Actualmente, Azteca tiene pendientes otros 3 créditos fiscales que se encuentran en litigio y suman casi 90 millones de pesos.
Según los tenedores de la deuda de Nueva York, este préstamo es fraudulento y tiene el único objetivo de desplazarlos como acreedores preferentes.
Con información del diario REFORMA
