Reconoce audios de diálogo con supuestos agentes de autoridades estadounidenses que no acreditaron su representación.
La Gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, aceptó ayer haber negociado en privado con intermediarios del Gobierno estadounidense para ofrecer información de seguridad y resolver su cancelación de visa en ese país.
En una carta pública, la Mandataria admitió haber sostenido conversaciones a principios de 2026 “con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses”.
Aunque dijo que sus interlocutores no “acreditaron” su representación, en una grabación de esa plática ofreció dar información sobre las mesas de seguridad o “algo en particular” que el Gobierno de EU quiera saber.
En su carta, la Gobernadora reconoció la conversación.
“¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición? ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber”, comentó Ávila en el audio difundido.
En otro momento, se dice preocupada de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EU le finque lavado de dinero.
“Están diciendo que me van a levantar cargos y con orden de extradición. Yo estoy dispuesta siempre a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar”, insiste con preocupación, según se escucha.
Aunque no desmintió esos dichos, Ávila Olmeda aseguró que “durante la conversación, estas personas (intermediarios) plantearon distintos escenarios legales sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales”.
“Las referencias realizadas sobre cooperación e intercambio de información corresponden a la coordinación institucional que mantiene BC, como entidad fronteriza, con autoridades de México y EU en materia de seguridad”.
En mayo de 2025, la mandataria informó que el gobierno del vecino país le retiró su visa, lo que consideró un asunto administrativo. Días antes, informaron a su entonces esposo Carlos Torres Torres, coordinador de proyectos especiales del gobierno de Tijuana, que también se le canceló su documento migratorio.
Con información de los diarios REFORMA y LA JORNADA
