- Los sistemas pensionarios con mayor apremio son los de Morelos, Coahuila, SLP y Sinaloa, que registran menos de dos personas activas por cada retirado; Veracruz, en 2030.
Morena en la Cámara de Diputados advirtió que diversas instituciones ya recurren a subsidios para cubrir sus obligaciones pensionarias y otras comenzarán a necesitarlos entre 2025 y 2042 o después de ese periodo.
Entre las razones por las cuales se acude a ese esquema financiero se encuentra una menor relación entre personas activas y en retiro, explicó Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los guindas en San Lázaro.
Cuando ello sucede se registra una mayor presión financiera, pues las aportaciones de una base reducida de trabajadores deben contribuir al pago de un número creciente de pensiones.
Los casos con mayor apremio son Morelos, Coahuila Magisterio, San Luis Potosí Telesecundaria y Sinaloa Issstesin, que registran menos de dos personas activas por cada retirado.
Al plantear la necesidad de una nueva ley en esta materia, subrayó que entre los sistemas pensionarios que requerirían subsidios durante 2025-2030 se encuentran los de Campeche, Colima, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.
Jalisco, Tamaulipas y Zacatecas comenzarían a recurrir a apoyos entre 2031 y 2036; Michoacán de 2037 a 2042, y Aguascalientes y Guanajuato después de 2042.
Ramírez Cuéllar destacó que el costo para los gobiernos estatales aumentará de manera importante debido a sus aportaciones ordinarias y los subsidios necesarios para cubrir el déficit de los sistemas de pensiones.
En un foro sobre la situación en la que se encuentra la seguridad social, recordó que los esquemas locales cubren principalmente a servidores públicos y trabajadores universitarios, equivalente a 12 por ciento de la población económicamente activa.
Originalmente esos modelos operaban bajo directrices de beneficios definidos, con pensiones por antigüedad –sin una edad mínima estricta– equivalentes hasta el 100 por ciento del salario, vitalicias, dinámicas y transferibles a beneficiarios.
El vicecoordinador resaltó que en muchos casos no existe una relación directa entre las aportaciones realizadas y los beneficios otorgados, además de que las reservas financieras son reducidas o prácticamente inexistentes.
Sostuvo que las reformas en esta área no eliminan inmediatamente las presiones financieras, pues el costo inercial de las generaciones amparadas por los sistemas anteriores puede continuar aumentando durante varias décadas.
Una nueva legislación, agregó, debe buscar equilibrio entre sostenibilidad económica, viabilidad política y protección social, evitando que el ajuste financiero implique pérdida de derechos o que la ampliación de beneficios genere obligaciones imposibles de financiar.
Y LA 4T ADMITE FALLA EN REFORMA PARA LIMITAR ‘PENSIONES DORADAS’
El Gobierno federal admitió que la reforma que impulsó para limitar las “pensiones doradas” estuvo mal hecha.
La actual Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, sostuvo en un oficio del pasado 9 de junio que la reforma tiene disposiciones contradictorias: mientras fija como tope salarial de los funcionarios en activo la remuneración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, limita las pensiones a la mitad de ese monto.
Alcalde explicó que ambas disposiciones no pueden aplicarse al mismo tiempo, ya que las pensiones se calculan con base en el salario obtenido durante la vida laboral.
Este tope, previsto en la reforma al artículo 127 de la Constitución, fue punto central de la iniciativa presidencial aprobada por ambas cámaras del Congreso sin cambios, y luego de la exhibición pública de los ingresos de miles de jubilados de paraestatales y de la banca de desarrollo.
A partir del oficio del 9 de junio, el tope de 50 por ciento se convirtió en letra muerta, es decir, en una norma Constitucional que no será aplicada.
“Ambas disposiciones no pueden aplicarse simultáneamente respecto… en virtud de que la pensión se calcula, ordinariamente, a partir del salario o remuneración obtenidos durante la etapa laboral activa”, afirmó Alcalde Luján.
La exsecretaria de Gobernación y exdirigente nacional de Morena agregó que, si esta contradicción genera “incertidumbre”, debe privilegiarse un criterio que permita la continuidad entre el salario activo y la pensión, y, por tanto, el tope debe ser la remuneración de la Presidenta, tanto para los ya jubilados, como para quienes se retiren en el futuro.
EN EL CONGRESO, A NADIE LE HABÍA INQUIETADO EL TEMA
“Las Comisiones Dictaminadoras consideran que el límite propuesto en la iniciativa no constituye una restricción arbitraria. Por el contrario, resulta proporcional y garantiza el principio de austeridad republicana, a la par que garantiza el derecho a las jubilaciones y pensiones”, se dijo en el Senado.
A partir del oficio de Luisa María Alcalde, las dependencias están pagando pensiones hasta por el ingreso de la presidenta Sheinbaum, que asciende a 134 mil 290 pesos netos mensuales.
La iniciativa para reformar el artículo 127 de la Constitución fue presentada por Sheinbaum Pardo el 3 de marzo, cuando su Consejera Jurídica era Esthela Damián, ahora una de las aspirantes de Morena a la gubernatura de Guerrero, quien fue reemplazada por Luisa María Alcalde el pasado 30 de abril.
Con información de los diarios LA JORNADA y REFORMA
