Hora cero
El reto del transporte público en Veracruz
Luis Alberto Romero
La discusión sobre el futuro del transporte público en Veracruz entró en una nueva etapa; mientras el Gobierno del Estado impulsa una estrategia para modernizar la movilidad y regular las plataformas digitales de transporte, organizaciones de taxistas han expresado su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en miles de concesionarios que dependen de esta actividad para sostener a sus familias.
De forma reciente, la gobernadora Rocío Nahle anunció que su administración enviará al Congreso una iniciativa para establecer un marco legal que permita regular el servicio que actualmente ofrecen aplicaciones como Uber y DiDi.
La propuesta parte del hecho de que estas plataformas ya operan en distintas ciudades del estado, pero lo hacen en un vacío jurídico que dificulta la supervisión de los conductores, la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de obligaciones fiscales.
El planteamiento del Gobierno no busca únicamente reconocer la existencia de estas empresas, sino fijar reglas claras para todos los participantes en el sector.
La intención es que quienes presten este servicio lo hagan bajo condiciones definidas, con controles que den mayor certeza tanto a los usuarios como a las autoridades.
Sin embargo, el anuncio provocó la reacción inmediata algunas organizaciones de taxistas, que solicitaron al Gobierno estatal abrir mesas de diálogo antes de que la iniciativa llegue al Congreso; su principal argumento es que los concesionarios cumplen con obligaciones que los operadores de plataformas no enfrentan, como el pago de derechos, licencias especiales, seguros, revisiones vehiculares y otros requisitos administrativos. Consideran que permitir la operación de vehículos particulares sin las mismas exigencias generaría una competencia desigual.
Otras organizaciones del transporte concesionado también respaldaron el reordenamiento del sector, pero pidieron que antes se combata el transporte irregular que opera sin autorización; aseguran que la presencia de unidades “pirata” afecta directamente sus ingresos y debilita un servicio que durante décadas ha sido la principal opción de movilidad para millones de veracruzanos.
El debate también obliga a revisar la situación del servicio tradicional de taxis, dado que durante años, los usuarios han señalado problemas como vehículos con evidente desgaste, malas condiciones mecánicas, cobros irregulares y deficiencias en la atención.
La propia Ley de Tránsito y Transporte, por ejemplo, establece que las unidades no deben superar ocho años de antigüedad, disposición que en muchos municipios simplemente no se cumple.
Al mismo tiempo, el Gobierno estatal ya avanza en la renovación del transporte colectivo. Sistemas como Ulúa, Quetzalli y el próximo Atenas, en Xalapa, incorporan autobuses modernos, métodos de pago electrónicos y una operación eficiente, con la intención de ofrecer un servicio más seguro y cómodo para la población.
El reto ahora será encontrar un equilibrio, porque si bien los taxistas tienen derecho a exigir condiciones justas para competir, resulta innegable que Veracruz necesita actualizar su sistema de transporte y responder a las nuevas formas de movilidad que la ciudadanía ya utiliza.
A juzgar por las recientes declaraciones de la gobernadora, la modernización del transporte público difícilmente podrá detenerse; sin embargo, lo verdaderamente importante será que ese cambio ocurra con reglas claras, igualdad de condiciones y pensando, por encima de cualquier interés particular, en los usuarios.
@luisromero85
