La Comisión Instructora del Congreso del Estado determinó que existen elementos suficientes para proceder con el desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos militantes del partido Movimiento Ciudadano (MC).
El primero es investigado por su presunta implicación en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, perpetrados el pasado mes de junio; y el segundo, por supuestamente estar involucrado en el caso de desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez.
La Comisión Instructora convocó a el pleno de la LXVII Legislatura local a una sesión extraordinaria para este miércoles, donde los 50 diputados y diputadas votarán para decidir si se retira la inmunidad procesal a ambos ediles, a fin de que la Fiscalía General del Estado (FGE) pueda continuar con las indagatorias; se requiere de los sufragios de las dos terceras partes del total de los legisladores presentes para que se aprueben los dictámenes.
La presidenta de la mesa directiva del Congreso estatal, Naomi Edith Gómez Santos, explicó que no se trata de determinar si los presidentes son o no culpables, sino únicamente permitir que se sigan los procesos legales que existen en su contra.
“Lo único que decidimos es que, al ser servidores públicos, si al final existen elementos suficientes para que se lleve a cabo un procedimiento penal y que un juez decida, entonces que se haga”, refirió.
Como parte del procedimiento, los alcaldes señalados tienen derecho a acudir ante las y los legisladores para ofrecer argumentos a su favor, o si lo desean presentar su defensa por escrito o a través de su representante legal.
Hasta el momento, los abogados de ambos ediles han rechazado las acusaciones que existen en contra de sus clientes; mientras, MC argumenta que se trata de una persecución política.
Con información de Iván Sánchez, corresponsal de LA JORNADA
