- Sobre decisión del Grupo Empresarial Porres en el cierre del ingenio San Pedro, ubicado en Lerdo de Tejada.
Por Rocío Aburto
Xalapa, Ver.- La Asociación de Industriales del Estado de Veracruz A.C. (Aievac) salió en defensa de su asociado, Grupo Empresarial Porres, ante los señalamientos realizados por el gobierno estatal luego del cierre del ingenio San Pedro, ubicado en Lerdo de Tejada.
Mediante un comunicado difundido en redes sociales este domingo 16 de agosto de 2026, la organización empresarial fijó su postura sobre la situación que enfrenta la agroindustria azucarera en la región de Los Tuxtlas y la decisión de Grupo Porres de suspender las operaciones del ingenio San Pedro.
La postura de los industriales ocurre después de que el miércoles 12 de agosto la gobernadora Rocío Nahle García calificara como una “irresponsabilidad” la determinación de cerrar la factoría sin, dijo, informar previamente a las autoridades.
“¡Qué bueno! Han dado trabajo, pero si ya no quieren, no pueden soltarlo nada más así, tienen que ser más responsables. Primero, avisarle al Gobierno, porque tenemos trabajadores y hay una responsabilidad social que deben de tener y; segundo, pues para ver qué otras personas o cómo se continúa trabajando. Ya si ese grupo no lo quiere, pues buscar otro, buscar otras personas”, dijo la Mandataria.
En esa misma declaración, Nahle García agregó: “No puede ser que avienten una noticia así y se vayan de vacaciones un mes a Europa, es una irresponsabilidad. Cuando ese tipo de empresas tienen responsabilidad social en México”.
Ante ello, la Aievac solicitó a la administración estatal respetar la “Libertad de Empresa y Certeza Jurídica”, al considerar que estos principios son indispensables para conservar y atraer inversiones a Veracruz.
La asociación empresarial sostuvo que las decisiones corporativas y financieras de las compañías privadas corresponden a su ámbito de autonomía, al tiempo que subrayó que la propiedad privada y el marco constitucional deben ser respetados.
Asimismo, señaló que los estados financieros, las estrategias de capital y los estudios de viabilidad operativa forman parte de información reservada de las empresas.
“Sentar precedentes de fiscalización o señalamiento público sobre decisiones patrimoniales debilita el clima de negocios y la certidumbre jurídica que el estado necesita” afirman los empresarios.
En relación con los trabajadores del ingenio San Pedro, la Aievac aseguró que Grupo Porres “está honrando de forma plena y transparente todos los compromisos, liquidaciones y derechos adquiridos de sus trabajadores, en estricto apego a la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos”.
Añadió que el cumplimiento de los pagos a empleados y proveedores demuestra que, pese a las dificultades económicas y a un proceso de reestructuración, el sector industrial mantiene como prioridad el bienestar y la dignidad de los trabajadores.
La organización rechazó que la suspensión de actividades sea consecuencia de una actuación irresponsable de los empresarios Porres y argumentó que la decisión obedece a diagnósticos técnicos y a la complicada situación económica que atraviesa la agroindustria azucarera.
De acuerdo con la Aievac, la problemática está relacionada con la distorsión del mercado nacional derivada de la importación de azúcar extranjera, el contrabando técnico y la sustitución del consumo por otros endulzantes.
“Esta crisis ha sido desencadenada por la distorsión del mercado nacional provocada por la importación desmedida de azúcar extranjera, el contrabando técnico y el desplazamiento de consumo por otros endulzantes. Esta sobreoferta forzada colapsó los precios internos y erosionó los márgenes de rentabilidad de las plantas procesadoras en todo el país”.
En este contexto, la asociación puntualizó: “La sostenibilidad de cualquier unidad productiva no puede desligarse de su viabilidad financiera real”.
La Aievac reconoció el impacto social que representa el cierre del ingenio para la región de Los Tuxtlas, pero consideró que la participación de las autoridades debe enfocarse en facilitar condiciones para recuperar la competitividad de las cadenas productivas.
Entre las acciones que propuso se encuentran incentivos tributarios y energéticos, así como medidas relacionadas con competitividad e infraestructura, en lugar de trasladar a las empresas obligaciones que, sostuvo, exceden el marco legal.
Finalmente, la asociación empresarial manifestó: “El desarrollo socioeconómico de Veracruz se construye en alianza con la iniciativa privada, garantizando reglas claras, respeto a las instituciones y certidumbre para quienes generan empleo, cumplen la ley e invierten en nuestra entidad”.
El ingenio San Pedro dejó de operar el pasado 5 de agosto de 2026, con una afectación directa para alrededor de mil 200 trabajadores y un impacto económico para aproximadamente 7 mil personas que dependen de manera directa o indirecta de la molienda de caña.
La factoría fue vendida en 2002 por el entonces presidente Vicente Fox al Grupo Porres y durante años generó empleos para habitantes de Lerdo de Tejada, Alvarado, Saltabarranca, Ángel R. Cabada, San Andrés Tuxtla y Tlacotalpan.
Tras el cierre, habitantes de la región enfrentan incertidumbre económica y trabajadores afectados mantienen la exigencia de recibir sus liquidaciones y contar nuevamente con fuentes de empleo.
