La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó ayer la iniciativa para actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual tiene casi 40 años de vigencia.
Dijo que enviará la propuesta al Congreso con la finalidad de “fortalecer las capacidades del Estado mexicano para proteger, cuidar, conservar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales”.
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, explicó en la mañanera en Palacio Nacional que el cambio responde a la necesidad de tener “una nueva relación entre desarrollo, bienestar, prosperidad y la naturaleza”, sustentada en la justicia ecológica.
Señaló que durante décadas prevaleció un modelo de desarrollo que “no contemplaba el medio ambiente de manera integral y se iba mucho por la rentabilidad inmediata”, mientras se relegaba el bienestar de las comunidades y la protección del patrimonio natural.
Expuso que se requiere actualizar la ley “porque el planeta está enfrentando nuevos desafíos”, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas, como temas que no existían cuando se promulgó lanorma vigente, en 1988.
La segunda razón, indicó, es que “esta ley nos brinda muy novedosas herramientas para atender los nuevos retos ambientales”, como un programa de restauración ecológica y disposiciones sobre cambio climático, ausentes en la legislación anterior, además de mayor certeza jurídica para comunidades e inversiones. La tercera es que “integra avances científicos” en combinación con “los saberes ancestrales” de los pueblos indígenas, y refuerza la prevención y restauración “con participación ciudadana”.
Bárcena detalló que la ley se sostiene en 10 principios, entre ellos que “el patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar”, y que “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”. Subrayó que la legislación anterior no contemplaba los conceptos de restauración, reparación ni remediación, que ahora se incorporan.
Entre los beneficios para la población, mencionó la garantía de un medio ambiente sano para proteger la salud de la niñez, en cumplimiento del artículo cuarto constitucional; acceso a la información y a la justicia ambiental, y la protección de especies emblemáticas, como “el lobo mexicano, el cóndor, la ballena azul”. Precisó que la iniciativa se vincula con la ley de bienestar animal, que la dependencia trabaja por instrucciones de la Presidenta.
Destacó que la norma busca ser “propositiva” antes que punitiva, al exigir que quienes impulsen grandes proyectos realicen una evaluación estratégica ambiental previa y evitar que se fragmenten para eludir su análisis integral en una región.
Con información del diario LA JORNADA
