La Fundación Politécnico A.C. presentó una denuncia penal y una demanda civil en contra de Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a quien acusa de peculado, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones.
Las acciones legales son producto de la disputa que la Fundación sostiene con Reyes Sandoval por la representación de la beneficencia politécnica, pues el directivo creó de manera irregular una asociación denominada «Corazón Guinda y Blanco» para recibir los donativos.
“Ambas denuncias legales fueron realizadas ante una serie de irregularidades, incumplimientos y disposiciones arbitrarias impuestas unilateralmente por el funcionario, mismas que lesionan a la Fundación y, por tanto, a la comunidad politécnica (estudiantes, maestros e instalaciones) y podrían generar incluso que incurriera en fraudes en el uso de recursos económicos y aportaciones”, informó Claudia Roberta Paniagua, directora ejecutiva de la Fundación, a través de un comunicado.
La denuncia penal, indicó, fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la demanda civil fue presentada ante un juez en esa materia a quien le pidieron que obligue al IPN a respetar y cumplir el Convenio General de Colaboración y otros 88 específicos que la Fundación tiene con esa casa de estudios.
“El pasado 4 de julio de 2025, el director del IPN ordenó de manera defectuosa, unilateral y sin formalidad legal alguna, la terminación del Convenio General de Colaboración con esta Fundación, acción que además de desconocer de forma autoritaria la relación entre las partes, perjudica nuestro objeto social como asociación.
“Mediante tráfico de influencias y haciendo uso ilícito de atribuciones, Arturo Reyes Sandoval, en contubernio con personal del IPN, pretende formar una Asociación denominada ‘Corazón Guinda y Blanco’, cuyo patronato no tiene autorización como donataria, usurpando a la Fundación Politécnico, que cuenta con dicha autorización y ha dispersado más de 5 mil millones de pesos a favor de la comunidad del IPN. Personal del Instituto ha solicitado donativos dolosamente, haciendo creer a los donantes que somos la misma Asociación”, señaló Paniagua.
La Fundación Politécnico fue creada hace 30 años y durante todo ese tiempo había sido la encargada de recibir y destinar los donativos para apoyar a alumnos, docentes y a la institución, sin embargo, desde principios de este año, Reyes Sandoval intentó hacerse del control a través del Secretario Ejecutivo de la COFAA (Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional).
Paniagua acusó a Reyes Sandoval de solicitar al banco BBVA el uso de la “Tarjeta IPN”, producto financiero mediante el cual, con el ‘rebate o reembolso’, se cumplía con el objeto social de la Asociación Civil de otorgar donativos en equipos, instalaciones y becas para beneficio de la comunidad estudiantil.
Y DESTITUYEN POR TRANSA AL SECRETARIO DE ADMIINISTRACIÓN
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) suspendió temporalmente al secretario de Administración de esa institución educativa, Javier Tapia Santoyo, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó medidas inmediatas mientras se desarrollan investigaciones en su contra.
“El director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, giró las instrucciones al Abogado General del Politécnico, Marx Yazalde Ortiz Correa, para acatar la inmediata suspensión temporal del Secretario de Administración del IPN, Javier Tapia Santoyo, a partir del 29 de noviembre, mientras se realizan las investigaciones”, expresó el IPN en una tarjeta informativa.
Informó que el director general del Politécnico Nacional ordenó al personal de la Secretaría de Administración facilitar en todo momento la información requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
Según publicó el diario REFORMA, por transas en contratos en el ISSSTE y en el IPN, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió la destitución inmediata del actual secretario de Administración de la institución educativa, por desvío de recursos y por ocultar su enriquecimiento.
Tapia Santoyo es investigado por irregularidades en contrataciones de servicios de limpieza en el IPN y de compra de productos médicos en su paso por el ISSSTE, donde fue tesorero.
“Se investiga la presunta obtención de recursos financieros que no fueron declarados mediante los instrumentos la rendición de cuentas previstos en la ley”, cita el expediente de la investigación a la que REFORMA tuvo acceso y en el que se solicita al director del Instituto Político Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, la suspensión inmediata de Tapia Santoyo.
En el IPN, el funcionario otorgó un contrato de 2 mil 500 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales Retimar, señalada de pertenecer al llamado “cártel de la limpieza” por su serie de contratos en el servicio público.
Justamente hace poco más de una semana, personal de limpieza del Instituto realizó protestas por la falta de pagos oportunos.
Pero la investigación también abarca operaciones realizadas en el periodo 2019- 2022, cuando Tapia era tesorero del ISSSTE y recibió depósitos en cuentas bancarias propias y de dos empresas con las que tiene relación: Human Mobile Systems y Labi Scientific.
Como tesorero del ISSSTE, Tapia Santoyo presuntamente otorgó recursos públicos para insumos médicos a una red corrupción de empresas fantasma, entre ellas Interacción Biomédica, que se habrían embolsado más de mil 613 millones de pesos.
En el caso del contrato de servicios de limpieza en el IPN, Tapia Santoyo es acusado de limitar la libre participación de posibles proveedores en el proceso de licitación, favoreciendo o dirigiendo a la adjudicación a una persona moral en específico.
Además, el contrato fue otorgado dicho de forma plurianual, para los años 2025, 2026, 2027 y hasta 2028, por un monto superior a los 2 mil millones de pesos.
Por esos hechos, el sistema de denuncias advierte enriquecimiento ilícito y abuso de funciones.
Se precisa que la Secretaría Administrativa del Politécnico fungió en dicha operación como área requiriente y Javier Tapia como el titular responsable.
Además de la suspensión, la Secretaría Anticorrupción ordenó también quitarle el acceso a su cuenta de correo institucional y a todas las cuentas de sistemas institucionales a las que podía ingresar, así como al uso de recursos públicos financieros, humanos y materiales.
“Existe un riesgo real inminente de que, de continuar desarrollando las funciones inherentes al cargo, pueda entorpecer, manipular o eliminar alguna prueba que pudiese resultar contraria a sus intereses”, dice la solicitud a la que tuvo acceso el diario capitalino.
