El aumento al transporte urbano en Xalapa: entre el costo social y la necesidad operativa
Por Edgar Sandoval Pérez
@EdgarSandovalP
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Tres pesos más al pasaje en Xalapa pueden quitar $570 pesos mensuales a una familia con salario mínimo.
Por años, el transporte público urbano ha sido uno de esos temas incómodos que se posponen hasta que ya no hay margen. En Xalapa, el reciente aumento a la tarifa volvió a poner sobre la mesa una pregunta que suele dividir opiniones: ¿es justo encarecer un servicio esencial en una ciudad donde una parte importante de la población vive con ingresos limitados?
La respuesta, como casi todo en economía, Depende.
Para una buena parte de la población, el aumento se siente inmediato y sin anestesia. El transporte no es un gasto discrecional; es una condición para trabajar, estudiar y sostener la vida cotidiana. Basta hacer un ejercicio simple para entender por qué el malestar social no es exagerado. Pensemos en un hogar donde dos personas utilizan transporte público todos los días. Cuatro viajes diarios por persona, seis días a la semana, durante un mes completo. El resultado son casi doscientos viajes mensuales. Si el pasaje sube tres pesos, el impacto ronda los quinientos setenta pesos adicionales al mes. Para una familia que percibe el salario mínimo, eso equivale a perder una parte relevante del ingreso sin que haya aumentado ni el sueldo ni la productividad.
Ese dinero no sale del aire. Sale de la despensa, del gas, de algún medicamento que se posterga o de una deuda pequeña que empieza a crecer. Desde esta óptica, el aumento no es solo una cifra administrativa: es un costo social que se distribuye de manera desigual y que golpea con mayor fuerza a quienes menos margen tienen.
Sin embargo, sería igualmente simplista ignorar la otra cara del problema. Durante años, las tarifas del transporte urbano se mantuvieron prácticamente congeladas mientras los costos operativos siguieron subiendo. Combustible, refacciones, mantenimiento, seguros y salarios no responden a discursos políticos, sino a la inflación. En muchas ciudades del país, como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, los ajustes han sido inevitables para evitar que el sistema colapse o se degrade al punto de volverse inseguro e ineficiente.
Un transporte público con tarifas artificialmente bajas suele traducirse en unidades viejas, menor frecuencia, más accidentes y, paradójicamente, en cobros irregulares que terminan afectando aún más al usuario. En ese sentido, el ajuste en Xalapa no surge de un capricho, sino de una presión financiera acumulada durante años.
La discusión, entonces, no debería centrarse únicamente en si el aumento era necesario, sino en cómo se implementa y qué se ofrece a cambio. Subir el pasaje sin mejoras visibles en el servicio erosiona la legitimidad de la decisión y profundiza la desconfianza social.
En este contexto, resulta relevante que el ajuste no se haya extendido de manera automática a la zona conurbada de Veracruz–Boca del Río, pese a las presiones de concesionarios. No todas las ciudades tienen la misma estructura urbana, los mismos ingresos ni las mismas alternativas de movilidad. Contener el aumento fue una señal de que, al menos en esta ocasión, se entendió que la política tarifaria no puede aplicarse con regla y compás.
El aumento al transporte en Xalapa deja una lección incómoda pero necesaria: cuando los ajustes se posponen demasiado tiempo, terminan siendo socialmente más costosos. El reto hacia adelante no es solo fijar tarifas, sino construir un sistema de transporte digno, eficiente y transparente, donde cada peso adicional tenga una justificación visible. Porque, al final, el verdadero problema no es pagar más, sino pagar más sin ver un mejor servicio a cambio.
