Columna: Resiliencia Democrática
Con la propuesta de reforma electoral: ¿México está preparado para la autocracia?
Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo
En 1908 en la famosa entrevista que hizo el periodista James Creelman al dictador Porfirio Díaz, éste le dijo que: “México estaba preparado para la democracia”; hoy, en 2026, nos tenemos que hacer la pregunta inversa: ¿México está preparado para la autocracia?. A continuación, revisaré la iniciativa de reforma electoral propuesta por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Iniciaré con la exposición de motivos, para después analizar la propuesta constitucional-electoral.
En la parte de la “exposición de motivos”, presenta la historia de manera similar a lo que proponía el PRI, reivindicando las luchas heroicas del pueblo mexicano en contra de las tiranías del pasado, pero con el paso de la lectura se va tornando ideológico muy ad hoc con lo que es el actual régimen político, ya que existen una diversidad de falacias, como los fraudes electorales de 2006 y 2012, de que el país vive en un estado de derecho, pero lo que más llamó mi atención fue una serie de frases sin sentido, como las siguientes: “la alternancia fue una simulación democrática”, o “nunca se había tenido un gobierno verdaderamente democrático” (y los 15 meses de gobierno de Francisco I. Madero, por citar un solo ejemplo), o la exageración que superó a la reforma electoral definitiva de Ernesto Zedillo Ponce de León de 1996;ahora “que es una visión de Estado de largo plazo” o “el fortalecimiento del modelo electoral se vincula con los principios de honestidad pública…” (se les olvidaron los casos de Segalmex, Tren Maya, Dos Bocas, Huachicol fiscal, y así podría seguir una lista muy larga).
En cuanto a la reforma constitucional-electoral, lo subdividiré en: a) límites a la competencia política; b) Estado policiaco en la presentación de las candidaturas; c) La eliminación de la representación política de los nuevos partidos políticos; d) El fortalecimiento estructural de las mayorías electorales; e) La plebiscitación de la política; f) Es una propuesta de una ingeniería electoral de hegemonía política.
a) Límites a la competencia política. La reducción del financiamiento de los partidos políticos para el sostenimiento de las actividades ordinarias del 65 al 48.7%; así como la disminución del tiempo en radio y televisión del 48 al 35%. Precisamente la reforma electoral de 1996, ubicó que el financiamiento público sirvió para reducir la desigualdad estructural entre los partidos, y de allí en la elección de 1997, el PRI perdiera la mayoría en la cámara de diputados, porque la lucha política fue más igualitaria.
b) Estado policiaco en la presentación de las candidaturas. El riesgo de intervención institucional en el proceso electoral, a través de las autoridades de seguridad pública, procuración de justicia y el área de la inteligencia financiera de la SHCP para supervisar el registro de las candidaturas, advierten un punitivismo electoral que destruye la neutralidad institucional.
c) Eliminación de la representación política de los nuevos partidos. Desde la reforma electoral de 1976 posibilitó tres cosas: corregir las distorsiones del sistema mayoritario; garantizar el pluralismo político; y las nuevas fuerzas políticas podían existir sin triunfo distrital, es decir con cumplir los porcentajes de votación, que inició con el 1.5%, después el 2% y finalmente el 3% podrían existir como partido político y acceder con una mínima representación proporcional en la cámara de diputados, con esta reforma desaparece esa posibilidad.
d) Fortalecimiento estructural de las mayorías electorales. Para este punto realizaré una simulación con los datos electorales de 2024, en la vertiente de los 100 diputados mejor votados, y los 100 diputados electos por circunscripción. De los 300 distritos de mayoría relativa, la coalición morena-PT-PVEM ganó 256; PRI-PAN-PRD obtuvieron 39; y MC 1. Con la distribución de los 100 “mejores perdedores”, el resultado sería el siguiente: PAN 40; morena 25; PVEM 15; PT 10; PRI 5; y MC 5. En el caso de los 100 “por Circunscripción”; morena 41; PAN 17; PRI 11; PVEM 8; PT 5; MC 7; 11 independientes y los nuevos partidos. El resultado por bloques sería 360 para la coalición gobernante (el 72%), y 140 para la oposición.
e) La plebiscitación de la política. Aquí se amplia la democracia directa a los municipios, quienes con el 2% de las firmas pueden convocar a un referéndum, plebiscito e iniciativa popular, pero en toda la propuesta no aparece la revocación de mandato (por cierto, cuando estaba redactando este artículo, me llamó mi amigo Froylan Ramírez Lara para hacerme la observación en la página 18, del artículo 35 fracción VIII constitucional, que a la letra dice: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular”). Esto significa la muerte de la revocación de mandato en el país.
f) Es una propuesta de ingeniería electoral de hegemonía política. Que no viene en la propuesta: no se toca al INE, ni a los OPLE´s ni los tribunales electorales locales (que, si se quería ahorrar dinero, bastaría con eliminarlos porque no sirven de nada, el trabajo electoral lo hace el INE en un 90%), ni las candidaturas independientes, ni la formación de los nuevos partidos políticos. Lo que nos lleva a decir que actualmente las democracias rara vez mueren por golpes de Estado; con mayor frecuencia se erosionan cuando quienes gobiernan rediseñan las reglas del sistema electoral para asegurar su permanencia en el poder.
Finalmente, no estamos ante una dictadura, sino ante una autocracia electoral, porque estas reglas electorales están diseñadas para producir mayorías permanentes. El régimen morenista pretende que las elecciones continúan celebrándose, pero las reglas institucionales están configuradas para asegurar la hegemonía del poder gobernante. Definitivamente, el modelo húngaro es el que sigue afianzándose en el país.
