En su informe anual 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la política social del Estado mexicano, la cual ha expandido con acciones para garantizar los derechos laborales, a la vivienda y a la salud, así como programas sociales de alcance universal dirigidos a mujeres, jóvenes, indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores. Los beneficios alcanzaron a 30 millones de familias, según información oficial.
Sin embargo, alertó sobre los reportes de feminicidios, violencia de género, asesinatos de mujeres trans, así como de personas de la diversidad sexual, al igual que la trata de personas.
En el documento difundido ayer, el organismo señaló que la defensa de los derechos humanos “continúa siendo una actividad peligrosa en México, incluyendo asesinatos y ataques” contra buscadores, defensores de los derechos indígenas y líderes gremiales.
Sobre el trabajo de las autoridades gubernamentales, la comisión resaltó la adopción del Mecanismo para el Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y las acciones para prevenir la trata de personas.
En cuanto a la desaparición de personas, la CIDH refirió que según datos del Registro Nacional, hay más de 133 mil casos en el país, además de 70 mil cuerpos sin identificar que se encuentran en servicios forenses, centros de resguardo, entre otros, de acuerdo con reportes de organizaciones civiles y de derechos humanos.
Expuso que esas mismas agrupaciones advirtieron que pese a un decreto presidencial, “no se ha acreditado” la asignación de recursos suficientes a la Comisión Nacional de Búsqueda, “además del desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana y las limitaciones técnicas del Banco Nacional de Datos Forenses”.
En su respuesta, el Estado informó al organismo que, entre octubre de 2024 y junio de 2025, se llevaron a cabo más de 5 mil 700 acciones de búsqueda y 14 mesas de diálogo con familiares y organizaciones.
Y en materia de atención a víctimas, garantizó la reparación integral del daño a 864 personas, con un monto de 387 mil 13 millones de pesos, mediante 222 resoluciones emitidas por la Comisión Ejecutiva.
La CIDH reconoció a su vez los ajustes a la Ley sobre Desaparición de Personas, pero señaló que este flagelo y la emergencia forense sigue siendo “una crisis humanitaria grave”.
Asimismo, se refirió a la reforma judicial. Resaltó la “baja participación y la idoneidad” de los candidatos electos para integrar el Poder Judicial.
Finalmente, llamó la atención sobre los asesinatos de servidores públicos, autoridades electas y agentes de seguridad del Estado, ya que –según información pública– 20 funcionarios habrían sido víctimas de estos crímenes, varios de los casos vinculados a hechos del crimen organizado en el ejercicio de sus funciones.
Con información del diario LA JORNADA.
