Sheinbaum acusa a la oposición de promover intervención externa por caso Sinaloa

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó a la oposición por recurrir a instancias extranjeras tras los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y advirtió que detrás de estas posturas existe una intención de promover la intervención externa en el país.

Durante la conferencia matutina del 1 de mayo, la mandataria sostuvo que sus adversarios carecen de un proyecto político y buscan sostener sus posiciones mediante actores internacionales, lo que consideró una contradicción con el discurso de defensa del Estado de derecho.

Sheinbaum subrayó que cualquier señalamiento debe sustentarse en pruebas y resolverse dentro del marco jurídico nacional, destacando el papel de la Fiscalía General de la República como autoridad competente.

“La fiscalía tiene que hacer el análisis porque es la autoridad competente. ¿Qué fue lo que se solicitó? ¿Qué pruebas hay? Y si no, solicitar las pruebas necesarias. Así de sencillo. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable”, afirmó.

Asimismo, calificó como “lamentable” que la oposición recurra a instancias judiciales de Estados Unidos para respaldar sus argumentos, al señalar que esto evidencia una falta de proyecto de nación y una apuesta por la intervención externa.

El contexto se da tras la acusación formal presentada por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya y otros funcionarios, en la que se incluyen presuntos vínculos con el crimen organizado, así como una red de sobornos respaldada por registros financieros, comunicaciones y testimonios de informantes.

En respuesta, el Gobierno de México ha señalado que no existen pruebas contundentes que sustenten dichas acusaciones. La Fiscalía General de la República confirmó el inicio de una investigación propia, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la información presentada no permite establecer responsabilidades penales.

La presidenta reiteró que su administración no protegerá a ningún funcionario que haya cometido un delito, pero insistió en que no se actuará bajo presiones externas y que cualquier procedimiento deberá apegarse a la legalidad mexicana.

con información de Animal Político